El equipo de gobierno socialista en el Ayuntamiento de Zaragoza no quiso hacer ayer ningún tipo de comentario sobre el conflicto judicial que afecta al suministro de granito para las obras del tranvía. Fuentes oficiales manifestaron que la causa «enfrenta» a contratistas y a proveedores de material, por lo que no van a entrar a valorar un conflicto entre empresas. Además, subrayaron que la obra está «perfectamente hecha» y recordaron que la construcción se adjudicó por un precio cerrado, sin que se haya desviado «ni un euro» de dinero público. Mientras tanto, los grupos de la oposición mostraron su preocupación por la judicialización de la obra.

Como informó ayer este diario, el titular del Juzgado de Instrucción número 11 de Zaragoza investiga hasta seis posibles delitos, entre ellos estafa, apropiación indebida y malversación de caudales públicos, en el suministro del granito para la obra del tranvía. El magistrado imputó en septiembre a la Unión Temporal de Empresas (UTE) a la que se le encargó la construcción de la línea del tranvía, FCC-Acciona, y al que fuera su gerente, Álvaro Senador-Gómez. La medida se adoptó como consecuencia del conflicto que enfrenta a la proveedora de bordillos y baldosas, Pavestone, con la empresa fichada a su vez por la UTE para suministrarle el granito, a la que reclama 808.391 euros por impagos.

Pavestone era la que hacía directamente las entregas de las baldosas y bordillos «a pie de obra», según argumenta en su querella admitida a trámite. Dicha empresa, que ya aportó el granito para la reforma del paseo de la Independencia y que se había ofrecido con antelación para suministrar el material directamente, también involucra a la UTE por participar en «un premeditado plan ideado con dolo defraudatorio y ánimo de lucro». Y lo sostiene en la negativa de las constructoras a bloquear los pagos a la empresa intermediaria pese a ser advertida de que no pagaba a Pavestone y contar con una orden judicial.

Desde el Ayuntamiento se puso de manifiesto que están «atentos» a todo lo que afecta al tranvía, pero que el problema surgido es entre dos empresas y que la sociedad de economía mixta del tranvía contrató a una UTE que demostró una «acreditada solvencia para ejecutar la obra».

El portavoz municipal del PP, Eloy Suárez, incidió precisamente en que si los socialistas no tienen nada que esconder sobre el tranvía no entendía entonces la «tajante negativa» del alcalde, Juan Alberto Belloch, a su petición de entrar en el consejo de administración, tal y como sucedió la semana pasada en el debate del estado de la ciudad. «No sé qué esconde el alcalde», dijo antes de destacar la «gravedad» de las imputaciones.

Sospechas en las filas del PP

Eloy Suárez advirtió de que su grupo no se va a quedar «quieto» ante la «preocupante» coincidencia de presuntas irregularidades en las dos principales obras impulsadas por el PSOE en Aragón, la urbanización de la plataforma logística de Zaragoza y la construcción del tranvía. «Da que pensar que el PSOE urdió una estrategia en Aragón. Impulsó las obras con oscuridad, porque no se nos ha dado ninguna información y, en el caso del tranvía, sigue empecinado en no facilitar ni un papel», señaló antes de señalar que con su actitud da a entender que hay «gato encerrado».

El portavoz de CHA, Juan Martín, apuntó que, sin conocer el asunto, parece un problema entre empresas, pero dejó bien claro que en un asunto como el tranvía, financiado con dinero público y en el que el Ayuntamiento participa en el accionariado, «la Administración debe ser la primera que vele por el cumplimiento de los principios mínimos de la lealtad en la contratación y en los pagos».

Martín consideró que el equipo municipal debe informarse «exactamente» de lo sucedido para saber «qué responsabilidades pudo haber en la cadena de toma de decisiones». Por ello, subrayó que procede toda la información en el seno del consejo de administración. «Si no hubiera algo raro en este asunto, el juez lo habría archivado», apostilló.

Su homólogo de IU, José Manuel Alonso, también se refirió a que todo a punta a un conflicto entre contratistas, aunque no por ello dejaba de «preocuparle» que una obra sufragada con dinero público se vea envuelta en una polémica judicial. Por ello, instó al equipo municipal socialista a seguir el tema «con extrema atención» para cerciorarse de que se trataría de una cuestión puntual, sin consecuencias para el Ayuntamiento. «En este tipo de casos en los que hay supuestas malas prácticas debe mirarse con extrema atención porque las instituciones deben ser garantes de la legalidad. Me preocupa», insistió.