La Ordenanza Cívica de Zaragoza ha sido derogada con los votos de PSOE, CHA e IU y la abstención del PP, y ha sido sustituida por unanimidad por las tres ordenanzas anteriores (zonas verdes, limpieza pública y potestad sancionadora), con una actualización de las sanciones.

La derogación de esta normativa, que fue promulgada en la anterior legislatura por el gobierno PSOE-PAR con el apoyo de los populares, se ha producido en la Comisión de Economía y Hacienda celebrada este lunes.

La actualización de las ordenanzas aumenta la sanción mínima de 500 a 750 euros por vandalizar Bienes de Interés Cultural, para no "mandar el mensaje a la ciudadanía de que actos de este tipo que destrozan el patrimonio artístico y cultural urbano queden impunes", según ha informado el portavoz de CHA, Juan Martín, en un comunicado.

Asimismo, se ha establecido un tope mínimo de multa en 50 euros, que se reducirán a la mitad en el caso de pronto pago.

Juan Martín, ha aplaudido que se haya derogado la ordenanza cívica y que se hayan modificado las sanciones que recogía, que ahora se aplicarán a las otras tres ordenanzas. Martín ha citado las pintadas de detrás de La Seo como ejemplo "una auténtica vergüenza", para defender que el Ayuntamiento traslade a la Fiscalía las conductas que sean muy graves, "porque no puede salir gratis". 

En rueda de prensa, Martín ha explicado que la anterior ordenanza cívica, ahora derogada, establecía que por la deyección de un perro la sanción mínima era de 80 euros, mientras que pintar un graffiti con productos indelebles no tenía sanción, al igual que deteriorar un banco o una farola u orinar en la vía publica: "Era poco razonable que conductas reprochables se quedasen sin sanción", ha opinado. 

Un coste excesivo para IU

El portavoz del grupo municipal de Izquierda Unida (IU) en el Ayuntamiento de Zaragoza, José Manuel Alonso, se ha mostrado sin embargo contrario a que las conductas inapropiadas tengan una sanción mínima de 50 euros al estimar que es una "coste excesivo" y ha propuesto alternativas. 

Así, Alonso ha defendido que se aperciba al infractor, en casos de que el daño sea de reparación sencilla, y se le abra un expediente que en un futuro, si reitera en su conducta, podría devenir en una sanción.

Por ello, ha avanzado que en el próximo pleno mantendrá los votos particulares en contra de que se establezca un suelo económico y también defenderá que se priorice el trabajo social como sustitución de algunas sanciones.