La Sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) acaba de confirmar la sentencia de tres años de prisión que el magistrado-presidente de un Jurado Popular impuso el pasado mes de enero al funcionario del Ayuntamiento de Zaragoza Fernando Labrador Alonso. El empleado municipal fue hallado culpable de un delito de malversación de caudales públicos tras quedar demostrado que se aprovechó de su puesto de trabajo en la sociedad Zaragoza Cultural para apropiarse de 8.239 euros depositados en una caja fuerte.

Al igual que hacía la primera sentencia, el TSJA añade a la condena de prisión la accesoria de seis años de inhabilitación absoluta, por lo que Fernando Labrador no podrá acceder a la función pública ni siquiera cuando salga de prisión.En cualquier caso, la sentencia todavía no es firme y la defensa del funcionario todavía puede recurrir ante el Tribunal Supremo.

El acusado, de 48 años, hacía funciones de administrativo para la sociedad municipal Zaragoza Cultural, y su principal cometido era recoger y guardar en una caja fuerte las fianzas que depositaban las empresas a las que se encargaban trabajos o servicios. Y aprovechándose de esta circunstancia, el empleado se apoderó de cerca de 9.000 euros.

El Ayuntamiento de Zaragoza denunció a Fernando Labrador el 30 de diciembre de 2010, cuando la empresa Insertos Videoproducciones, al terminar sus contratos, quiso recuperar las fianzas que había depositado en 2006 y el dinero no estaba en la caja. Los responsables de contabilidad y el propio gerente de la sociedad municipal pidieron explicaciones al funcionario, pero estas no resultaron convincentes. De ahí que el Consistorio se personara como acusación particular y solicitara tres años de cárcel y seis de inhabilitación, la misma que el magistrado presidente del tribunal popular le impuso y el TSJA ha confirmado.

Durante el juicio, la defensa insistió en que su cliente nunca tuvo intención de apropiarse de ningún dinero y trató de convencer al jurado de que todo fue una "simple irregularidad administrativa". Recordó también que el acusado puso de su bolsillo los 8.239 euros que faltaban en la caja fuerte. Sin embargo, precisó que lo hizo por "responsabilidad", ya que como custodio de la caja de caudales entendía que no había hecho bien su trabajo.

El juez aplicó al funcionario la atenuante de reparación del daño, pero no como "muy cualificada". En su recurso, la defensa pidió al TSJA que reconsiderara esta decisión. Sin embargo, el tribunal concluye ahora que los hechos considerados probados por el Jurado no ofrecen motivos para tal revisión.

Argumentaba también el abogado del funcionario en su apelación que el hecho de no ser admitido como prueba el libro donde este anotaba la contabilidad de la caja le había provocado indefensión. Pero no lo entiende así el TSJA, que recuerda que tal documento "no es un libro oficial, sino un mero cuaderno de notas o apuntes que, al parecer, llevaba el propio acusado, y cuyo contenido no era contrastado por ninguna autoridad".