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Zaragoza
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Huelga judicial

Unos 200 profesionales de la Justicia se concentran en Zaragoza ante el TSJ

Las asociaciones convocantes cifran el seguimiento de la jornada de huelga en Aragón en un 71%.

Una veintena de abogados de oficio se unen a la concentración
200 jueces, fiscales y abogados de oficio se concentran en Zaragoza
P.P.

Cerca de doscientos profesionales de la justicia se han concentrado este miércoles a las puertas del Tribunal Superior de Justicia de Aragón en Zaragoza dentro de la jornada de huelga judicial convocada a nivel nacional en contra de las reformas emprendidas por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón.

El seguimiento en Aragón ha sido "superior" al de la media nacional por la presencia en la Comunidad de un gran número de asociaciones judiciales, según ha indicado a los medios de comunicación el portavoz del Foro Judicial Independiente de Zaragoza, José Antonio Martínez.

Martínez ha recordado las reivindicaciones de esta huelga, que pasan por que la administración de justicia disponga de medios materiales y personales, la retirada de la Ley de reforma del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), un estatuto jurídico que garantice la independencia o la retirada de la ley de tasas que vulnera el derecho a la tutela judicial.

Asimismo, exigen la retirada o modificación de la ley del indulto, porque de la discrecionalidad se puede pasar a la arbitrariedad, ha dicho, y la movilización pretende mostrar también su rechazo a la privatización del registro civil.

"En definitiva, en la actual situación económica y política se necesita un poder judicial fuerte y para ello se requiere independencia y medios", ha concluido Martínez.

Estas reivindicaciones han quedado reflejadas en el manifiesto que ha leído en el transcurso de esta concentración el portavoz de Jueces para la Democracia en Zaragoza, Alfonso Ballestín, en el que ha apuntado que ejercen su derecho a la huelga con la esperanza de lograr "una justicia de calidad" y "mejores condiciones de trabajo para mejorar el ejercicio de nuestra labor".

A través de este texto, los jueces, magistrados y fiscales han lamentado que Ruiz Gallardón no haya escuchado a sus asociaciones ni se haya prestado al diálogo y se han expresado su disposición a "intentarlo de nuevo a partir de mañana mismo" en aras a encontrar una solución.

No obstante, han advertido al ministro que les tendrá "enfrente" si persiste en su posición "regresiva" y con sus reformas, que ponen en peligro el acceso de los ciudadanos a la justicia y la independencia de los jueces.

El decano del Colegio de Abogados de Zaragoza, Antonio Morán, ha mostrado su adhesión a las reivindicaciones planteadas por jueces y fiscales en esta jornada de huelga, la tercera de la democracia, que tiene por objetivo, según ha indicado, "pelear y protestar por la permanente desatención, cuando no desprecio de los poderes públicos hacia la prestación de justicia".

Morán ha pedido al ministro de Justicia que "se siente a hablar, que cuesta poco" y ha añadido que debería "atender más" a especialidades y especialistas en materia de justicia. EFE

Abogados de Oficio

Una veintena de abogados de oficio ha recorrido la calle de Alfonso I desde el Coso hasta los juzgados en la plaza del Pilar para protestar, además, por el retraso de pagos por parte de la DGA. El vicepresidente de la Sección del Turno de Oficio y presidente de Zaturno, Alberto Verón Izquierdo, ha querido remarcar: "Llevamos un año sin cobrar los servicios de orientación jurídica del turno de oficio, ni los servicios de atención a mujeres maltratadas y a inmigrantes, para nosotros parece que la DGA está en quiebra".

Seguimiento

A nivel nacional, las asociaciones profesionales convocantes han cifrado el número de estos profesionales que han hecho paro en 2.500, el 62% de quienes pueden secundar la huelga, dicen, porque excluyen de esta base a jueces y fiscales sustitutos o a los que están de licencia o baja.

El seguimiento en Aragón ha sido, según estas mismas fuentes, del 71%.

Como en las dos huelgas anteriores, tampoco en esta ocasión la convocatoria es apoyada de forma unánime, ya que no la secundan las dos formaciones mayoritarias y de carácter conservador: la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) y la Asociación de Fiscales (AF).

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