Mientras el Ayuntamiento ultima la puesta en marcha del programa de reparto de alimentos Redistribuye, crecen las críticas a las políticas municipales de ayudas sociales. La Plataforma de Profesionales de los Servicios Sociales del Ayutamiento coincide con las protestas de Marea Naranja.

Este domingo, un centenar de personas participaron en la escenificación del reparto de 'sopa boba' organizado por Marea Naranja frente a la Caridad para criticar "los recortes sociales que están sustituyendo el Estado de bienestar por la caridad". "Nos parece incomprensible que el Consistorio aluda a la situación de emergencia social para lanzar programas de corte puramente asistencialista como Zaragoza Redistribuye, mientras por otro lado limita las ayudas por este concepto", subraya la Plataforma de Profesionales de Servicios Sociales en su último comunicado.

Este colectivos de trabajadores sociales del Ayuntamiento rechaza las últimas instrucciones enviadas hace unos días a los centros municipales de servicios sociales. Según señalan los trabajadores, el Ayuntamiento ha recortado algunas ayudas (prótesis, dentista, óptica, farmacia...) y ha modificado otras (como las ayudas para el alquiler o la electricidad).

"Los profesionales pensamos que existen recursos y prestaciones suficientes (Ayudas de Urgencia, Ingreso Aragonés de Inserción) para cubrir las necesidades de alimentación y de carácter básico de los ciudadanos, siempre y cuando haya una voluntad política y económica de que dichas prestaciones y servicios tengan dotación suficiente", señalan en el comunicado.

Ejemplos con casos reales

La Plataforma pone varios ejemplos con casos reales de la repercusión de las nuevas medidas. Como el de una pareja con dos hijos que únicamente percibe el subsidio por desempleo (426 euros) y paga 350 de alquiler. "Con las nuevas instrucciones no podrían disfrutar de estas ayudas, ya que se establece que todos los alquileres que superen el 60% de los ingresos de la unidad familiar se considerarán como no viables y por tanto no suspectibles de ayudas de urgencia", explican los trabajadores sociales.

Otro caso es el de una familia con cinco miembros que percibe el Ingreso Aragonés de Inserción (621 euros). "A una niña de 9 años se le diagnostica una sordera que está afectando a su rendimento escolar y para la que precisa un audífono (presupuestado en 1.350 euros). Con la actual instrucción no hay solución posible para la familia. Ni siquiera tiene declaración de minusvalía (el proceso puede durar más de seis meses), por lo que no podría acogerse a las subvenciones que el IASS convoca una vez al año (tendría suerte si le coinciden las fechas", cuentan.

"Queremos denunciar dichas medidas y solicitar al Ayuntamiento que renuncie a su política de acción social totalmente errática, reactiva e improvisada", aseguran en el comunicado.

Desde el Ayuntamiento han explicado que el programa Redistribuye promueve solucionar las carencias básicas de alimentación y no sustituye a otras ayudas. "El objetivo es que el usuario de Zaragoza Redistribuye sienta esta ayuda como una opción más a la que tiene derecho, en el marco del programa de ayudas de urgente necesidad sin que esto suponga ningún recorte a las mismas", apuntó la semana pasada el consejero de Acción Social, Roberto Fernández.