El PP en el Ayuntamiento de Zaragoza ha exigido las comparecencias en comisiones de los consejeros de Servicios Públicos y Cultura, Carmen Dueso y Jerónimo Blasco, para que expliquen por qué se ha incumplido la ley en las obras de la segunda fase del tranvía y cuánto costará la paralización.

En una rueda de prensa, el portavoz adjunto del PP, Pedro Navarro, ha avanzado que su grupo se reserva la posibilidad de solicitar la convocatoria extraordinaria de las comisiones de Servicios Públicos y de Cultura, y de todos aquellos órganos que considere oportunos para «velar» por la buena marcha de la obra y la conservación del patrimonio, y pedirá en su caso responsabilidades políticas.

Ha explicado que su grupo está a la espera de los informes de los arqueólogos del Gobierno de Aragón y del Ayuntamiento que este lunes visitaron los tramos con restos, fundamentalmente en los entornos de las murallas romanas, el Coso e Independencia, y que ha provocado la paralización de las actuaciones en esos puntos.

Navarro ha denunciado que el alcalde, Juan Alberto Belloch, decidió llevar a cabo la obra «atendiendo exclusivamente a sus intereses personales y electorales», sin contar con los oportunos permisos de Patrimonio del Gobierno de Aragón y en todo el trayecto a la vez, provocando graves afecciones al tráfico e impidiendo una actividad económica «razonable».

Ante esta situación, el Gobierno de Aragón, ha dicho, se ha visto obligado a intervenir para «impedir» la destrucción del patrimonio, pidiendo, desde la prudencia, la ralentización de las obras en las zonas afectadas hasta que la Comisión de Patrimonio, en una reunión en septiembre o este mismo mes, tome una decisión definitiva.

Tras recalcar que ésta es la enésima «falta de respeto» a la legalidad de Belloch, ha exigido al alcalde que diga cuánto va a costar a los zaragozanos la paralización de las obras en los puntos en los que se ve afectado el patrimonio.

Para Navarro, es «gravísimo» que en una obra con una inversión de más de 400 millones de euros (en las dos fases) la empresa adjudicataria y el Ayuntamiento «demuestren semejante falta de respecto por la legalidad» y «lo poco que les importa el patrimonio de todos los zaragozanos».

El PP exige, ha insistido Navarro, saber quién ha supervisado las obras desde un punto de vista técnico en las zonas en las que hay restos arqueológicos y si se han realizado catas que avalen la existencia de zanjas de hasta cinco metros de profundidad en muchas zonas.

Los populares también reclaman el mismo respeto a la ley que se exige a los ciudadanos de Zaragoza cuando tienen que hacer una obra en su domicilio.

Para Navarro, «es vergonzoso» que mientras se obliga a un ciudadano a presentar decenas de permisos y solicitudes para mover «un simple ladrillo en el interior de su casa», en la obra más importante de la historia reciente de Zaragoza «no se hayan preocupado de presentar todos los permisos a los que están obligados por ley».