AGRESIÓN
Los médicos proponen la castración química para un agresor sexual reincidente
El fiscal pide casi 17 años de prisión para el hombre, que ayer reconoció ser el autor de los ataques sufridos por siete mujeres.
Juan Antonio Cebolla fue condenado a cinco años de prisión en 2000 por dos agresiones sexuales. Ayer, volvió a sentarse en el banquillo de los acusados como presunto autor de otras siete. Y aunque se preveía un juicio largo y doloroso, ya que todas las víctimas iban a tener que revivir los hechos como testigos, ninguna de ellas tuvo que subir finalmente al estrado. Lo evitó el acusado, que comenzó su declaración reconociendo todos los hechos y pidiendo perdón a estas mujeres.
«Estoy conforme con todo», dijo este agresor sexual reincidente, para reconocer a continuación que tiene un serio problema con el alcohol y las drogas. «Cuando me excedo, la cabeza se me va por completo y no soy consciente de lo que hago», explicó. Sin embargo, Juan Antonio Cebolla aseguró que ha experimentado una clara mejoría desde que los médicos de la prisión le cambiaron el tratamiento.
La defensa considera que este hombre actúa de este modo porque padece un trastorno. De hecho, entiende que debería aplicársele una eximente completa por ello. De forma subsidiaria, pidió ayer al tribunal que le imponga una condena de siete años y medio. Los especialistas llamados a declarar por esta parte fueron concluyentes: «Solo hay una fórmula para que este hombre no vuelva a cometer agresiones sexuales de este tipo y pasaría por la castración química. Además, tendría que someterse a un tratamiento e ingresar en un centro especializado».
Las psicólogas del Instituto de Medicina Legal de Aragón que exploraron al acusado afirmaron ayer que este padece un «trastorno de la personalidad pasivo evitativo», que no le impide tener relaciones sexuales con normalidad. Dijeron también que, desde el punto de vista cognitivo, «no hay afección». Es decir, que comprendía lo que hacía cuando atacó y agredió a las mujeres. En las misma línea, los forenses explicaron que no padece ninguna discapacidad intelectual.
El fiscal, que en principio pedía 18 años y cuatro meses de prisión, rebajó ligeramente la petición para dejarla en 16 años y ocho meses.
