La DGA admite que no habrá médicos suficientes para las sesiones de vaquillas

Una decisión judicial ha convertido a Aragón en una de las autonomías más restrictivas a la hora de fijar los requisitos de asistencia sanitaria en las vaquillas. Más allá del gasto extra que supondrá recurrir a dos médicos (uno de ellos especialista en cirugía o traumatología) para la celebración de los festejos taurinos populares, al Gobierno lo que más le preocupa es la disponibilidad de facultativos. "Es posible que, en determinados momentos del año, no haya profesionales suficientes para todos los festejos", admitió ayer Rogelio Silva, consejero de Política Territorial, Justicia e Interior. Una sensación que ya se ha escuchado estos días y que rodea de brumas uno de los actos festivos con más arraigo en los pueblos.

Los números no dejan lugar a dudas: encontrar a un cirujano o un traumatólogo libre (otra cosa es que luego acepte el trabajo) va a resultar una tarea ardua para los ayuntamientos. En los meses veraniegos, con agosto y septiembre a la cabeza, abundan los espectáculos taurinos populares. Solo en agosto del año pasado hubo 195 en la provincia de Zaragoza (679 a lo largo de 2010). El día 15 de ese mes llegaron a organizarse hasta 17 espectáculos y en la jornada del 21 se celebraron 14. Estos datos contrastan con que en el listado de la Dirección General de Interior solo figuraban seis cirujanos y seis traumatólogos en Zaragoza. Eran los únicos que se mostraron a favor de estar en ese registro y, por lo tanto, a velar por la seguridad en las vaquillas de las distintas localidades.

Según las cifras facilitadas por los colegios oficiales de médicos de las tres provincias, en Aragón hay un total de 183 cirujanos y 207 traumatólogos (144 y 168 en Zaragoza; 25 y 22 en Huesca y 14 y 17 en Teruel, respectivamente). Si nos referimos a festejos taurinos populares, en 2009 hubo 1.125 en el conjunto de la Comunidad. Zaragoza lideró la 'clasificación' con 692, seguida de Teruel (412) y Huesca (21), provincia con menor tradición. Así lo aseguró Jesús Pérez, alcalde de Cuarte de Huerva y delegado de asuntos taurinos del Ejecutivo autonómico.

El malestar de los ayuntamientos por las consecuencias de un fallo de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) que rechaza la pretensión de la DGA de que baste con contratar a un médico y un ATS o un diplomado en Enfermería en los festejos taurinos populares ha obligado al Gobierno a abordar la problemática con los afectados. Silva y Javier Artajo, director general de Interior, se reunieron ayer con representantes de la Federación Aragonesa de Municipios Comarcas y Provincias (Famcp).

Estudio jurídico

Al término del encuentro, el consejero dijo que de momento han encargado a los servicios jurídicos un estudio de la situación actual con objeto de analizar posibles soluciones. En cualquier caso, insistió en que el Ejecutivo acatará la sentencia, que daba la razón a la Federación Aragonesa de Sindicatos y Asociaciones de Médicos Titulares y de Atención Primaria (Fasamet), aunque no comparta el criterio del tribunal.

Para Silva, el Gobierno ha cumplido "con las medidas de seguridad y asistencia médica que puede haber en los festejos taurinos populares". Estaban recogidas en un decreto de 2001 (sigue pendiente de resolución el recurso de la DGA ante el Supremo, que al igual que el TSJA ya se pronunció años atrás a favor de Fasamet) y el de 2010, que tampoco convenció al sindicato médico.

El consejero comentó que los reglamentos aragoneses se ajustaban a la legislación española sobre festejos taurinos, si bien la sentencia del TSJA "dicta un camino diferente", de ahí la necesidad del análisis jurídico.

Por su parte, Francisco Compés, primer edil de Almonacid de la Sierra y portavoz de la Famcp en la materia, presente en la reunión, indicó que existe "cierta confusión legislativa" que los jueces no han considerado. Y anunció lo que probablemente será una realidad: se registrará una reducción importante de los festejos taurinos populares en los municipios pequeños, aquellos con posibilidades presupuestarias más limitadas.

Los pueblos aragoneses tendrán que actuar en función de lo que determina el TSJA si quieren obtener los preceptivos permisos. El primero en aplicar la 'nueva normativa' fue Rivas, y próximamente les tocará el turno a La Almunia, Illueca, Pradilla de Ebro o Cabañas de Ebro.