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FESTEJOS TAURINOS

"La sentencia del tribunal es un contrasentido"

Jesús Pérez, delegado de asuntos taurinos del Gobierno, cree que los jueces desconocen la realidad de los festejos.

Siguen las reacciones a la obligación de contratar a dos médicos (incluyendo un cirujano o un traumatólogo) para poder celebrar festejos taurinos populares. "La sentencia del tribunal (Superior de Justicia de Aragón) es un contrasentido", expuso ayer Jesús Pérez, delegado de asuntos taurinos de la DGA. El también alcalde de Cuarte de Huerva justificó su argumentación porque, como ya se ha indicado en los últimos días, la mayoría de pueblos carecen de los "medios imprescindibles" para que estos especialistas realicen de forma adecuada su trabajo, como quirófanos o el apoyo de un anestesista. "No conseguiríamos más seguridad aunque todos fueran cirujanos", enfatizó. Además, subrayó que no hay profesionales suficientes para aquellos meses en los que se celebran un aluvión de espectáculos. "¿Vamos a importar médicos?", se preguntó con ironía.

Pérez dijo que, con indepedencia de las críticas que despierta el fallo del TSJA, el Gobierno aragonés tiene la obligación de acatarlo mientras busca una salida. Eso sí, añadió que el veredicto evidencia que los jueces "desconocen" la realidad de los festejos taurinos populares y de los municipios que los programan. "A lo mejor no han profundizado y no han visto las consecuencias", destacó. Explicó que entendía las pretensiones del sindicato Fasamet, si bien a su juicio contar con dos médicos no tiene sentido alguno.

Pérez estuvo ayer presente en la reunión de la DGA con representantes de la Federación Aragonesa de Municipios Comarcas y Provincias (Famcp). Entre estos figuró Alfredo Zaldívar. El alcalde de Remolinos indicó que la sentencia supone "una incongruencia" que irá "en detrimento de la fiesta".

Por otro lado, Javier Lambán, presidente de la DPZ, volvió a pronunciarse sobre la polémica y aseguró que las vaquillas corren riesgo de desaparecer, sobre todo en la ribera del Ebro. "Se puede hablar de problemas jurídicos, de recursos, de sentencias del Tribunal Superior de Justicia, pero es una cuestión fundamental de voluntad política" y quien la tiene "puede solucionar estos problemas a los ayuntamientos o agravar la situación que ya sufren".

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