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TRANSPORTE

La empresa de las obras del tranvía despide a los trabajadores imputados

Asegura que desconocía la trama de la Operación Coco, anuncia que se personará como acusación particular y se pone a disposición del juez.

La empresa 'Construcciones y Obras Públicas 2001', a la que pertenecen los ocho trabajadores que la semana pasada fueron detenidos por la Policía como presuntos autores de varios delitos, entre ellos fraude y estafa a la Seguridad Social y la Unión Temporal de Empresas encargada de las obras del tranvía, aseguró ayer que desconocía "total y absolutamente" las acusaciones que se les imputa. Añadió que se va a personar en el caso, puesto que se considera "víctima y perjudicada por los hechos objeto de la investigación" llevada a cabo en la denominada Operación Coco.

El director general de la empresa, Javier Catalán Gómez, expresó a través de una nota de prensa que "dada la gravedad" de las imputaciones, ha encargado a sus servicios jurídicos "una investigación interna" y el despido inmediato del personal objeto de investigación "sin perjuicio del resultado final de la investigación policial y judicial". En el comunicado asegura la firma, con sede en Navarra, está "a disposición de la Policía Judicial y del Juzgado para tratar de lograr el más rápido y eficaz esclarecimiento de los gravísimos hechos conocidos a través de los medios de comunicación".

Javier Catalán manifestó que también que "lamenta que este episodio absolutamente aislado y reprobable pueda afectar en alguna forma al buen nombre de la ciudad de Zaragoza, de sus instituciones o del resto de las personas físicas y jurídicas dedicadas con tanto esmero a la construcción del tranvía de Zaragoza".

La Policía arrestó la semana pasada a dos secretarias de la empresa -a las que dejó en libertad con cargos- y puso a disposición judicial a seis trabajadores, entre ellos el responsable de la firma en la capital aragonesa y varios encargados del tramo del que se ocupa 'Construcciones y Obras Públicas 2001', que es el que discurre entre Vía Ibérica y el barrio de Valdespartera.

La Brigada de Extranjería les acusa de afiliar trabajadores ficticios a la Seguridad Social, apuntar más horas de las trabajadas, falsificar documentos y asociarse para delinquir.

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