Las cámaras de videovigilancia en los espacios públicos empiezan a ser una opción contemplada por los ayuntamientos de Zaragoza. Seis municipios de la provincia (la capital, Utebo, La Puebla de Alfindén, Illueca, Pedrola y Pastriz) tienen la autorización de la Delegación del Gobierno para instalar estos sistemas, aunque en algunos casos no han entrado en funcionamiento. Mientras, otras localidades sopesan seguir esa tendencia. La razón no reside en un aumento de las situaciones conflictivas o de vandalismo que surgen de forma esporádica, sino que se trata de una medida disuasoria y de seguridad.

Los proyectos en este sentido corresponden normalmente a poblaciones que al menos superan el millar de habitantes y ya tienen cierta envergadura. Cada solicitud ha de ser estudiada por la Comisión de Garantías de la Videovigilancia de Aragón. La Ley de Protección de Datos guía todas las actuaciones.

En Zaragoza, la pretensión es que, con el soporte de una red de telecomunicaciones financiada con cargo al fondo estatal, antes de final de año haya 150 cámaras en las calles, como las existentes en el parque del Agua. Por su parte, Utebo cuenta con alrededor de una treintena de aparatos para proteger los edificios públicos. El alcalde, Miguel Dalmau (PSOE), comenta que desde que se han colocado, los daños al mobiliario urbano se han reducido considerablemente.

La Puebla de Alfindén tiene la pertinente licencia, pero de momento no es prioritario instalarlas, explica Fernando Salvador, primer edil. Y menciona la difícil coyuntura económica por la que pasan las corporaciones. "Las pondremos en su momento", afirma el socialista. Su homólogo en Illueca, Fernando Javier Escribano (PSOE), indica que disponen de una cámara en la entrada del Consistorio, ya que rompieron en dos ocasiones la cristalera del tablón de anuncios. También hay otra en el colegio.

En Pedrola, José Ángel Zaldívar (PSOE), el regidor, matiza que solo tienen cámaras dentro de los edificios públicos, como el Ayuntamiento, la casa de juventud o la de cultura, y no en la calle. Por lo que respecta a Pastriz, Yolanda Hortas (PSOE), la alcadesa, señala que pusieron dos cámaras en el centro de Educación infantil después de que pintaran grafitis en su interior antes de que se inaugurara. Cuentan con otro aparato para evitar robos en la báscula municipal.

Asimismo, Sobradiel colocó cámaras para vigilar el entorno de la casa consistorial, la iglesia y el parque. Funcionaron en pruebas, si bien la Delegación no les concedió la licencia al carecer de Policía Local, requisito imprescindible. El equipo de gobierno planea activarlas en unos meses asumiendo la responsabilidad de las imágenes si la normativa lo permite, destaca Jaime Izaguerri (PAR), primer edil.

Tres localidades mueven ficha para entregar su solicitud a la Delegación. Ejea redacta un informe con objeto de instalar cámaras en la zona más deteriorada del casco antiguo; Alagón, en una iniciativa similar, quiere habilitar un sistema de videovigilancia en la zona del polideportivo y por el centro; y el nuevo fondo estatal subvencionará con 107.150 euros una red de banda ancha para la transmisión de datos en Caspe.