El resurgir de los ilegales en el rastro de La Almozara es, para el gobierno de ZEC, un “brote puntual”. Fuentes municipales aseguraron que el trabajo de la Policía Local ha sido hasta ahora “eficaz” para controlar este fenómeno, que concentra a decenas de vendedores sin licencia las madrugadas de los sábados y las mañanas de los domingos. Allí, personas con escasos recursos tratan de colocar sus productos, que son de origen desconocido.

Según el Ayuntamiento, desde que se detectó el problema el año pasado “se han realizado acciones preventivas por parte de la Policía Local”, que hasta la fecha han sido “eficaces salvo este brote puntual del pasado fin de semana”. Fuentes del área de Participación Ciudadana, de la que depende el cuerpo policial, han añadido que “se van a seguir realizando dichas acciones preventivas, y de intervención en caso necesario, para evitar que se reproduzca esta situación”.

Los partidos de la oposición, por su parte, han exigido al gobierno que actúe. El concejal del PP José Ignacio Senao ha pedido a ZEC que “abandone su actitud contemplativa” con la venta ilegal en el parquin sur de la Expo, y ha reclamado que intervenga la Policía Local para impedir las irregularidades que allí se producen durante las madrugadas de los fines de semana. Tras constatar que ha “resurgido” el mercadillo ilegal, Senao ha achacado esta situación a la “permisividad y complicidad” del gobierno con los vendedores, algo “inaceptable” desde cualquier punto de vista.

De hecho, el edil del PP considera que la instalación de este mercadillo “genera un agravio comparativo con el resto de vendedores legales del rastro que sí pagan sus tasas, lo que suele derivar en enfrentamientos personales y problemas de seguridad”. Además, ha recordado que “suele ser dudosa la procedencia de los objetos que allí se venden y no existe control sanitario alguno sobre los productos alimentarios”. Por eso, los populares solicitan al Gobierno de Zaragoza “tome cartas en el asunto, mande a la policía para impedir la venta irregular y desista en su intención de legalizar lo ilegal a través de subterfugios que sólo han contribuido a agravar el problema”.

Lola Ranera, del PSOE, ha apuntado que se trata de un tema “de derechos sociales”, y ha acusado al gobierno de ZEC de no saber resolver esta situación. “No se toman decisiones, y cuando pasa eso nos encontramos con situaciones que van empeorando, con problemas que se agravan”. Además, ha apuntado que esto puede provocar “un efecto llamada” para otros vendedores ilegales.

Ranera ha añadido que los intentos de legalización se realizan “a costa de la venta ambulante”, y ha exigido al gobierno de ZEC que respete “el principio de equidad”. “Es normal que los que pagan sus tasas estén enfadados”, ha concluido.

El concejal de Ciudadanos Alberto Casañal, por su parte, ha exigido a ZEC que pase “del postureo a las medidas”, ya que ha pasado “demasiado tiempo” desde que surgió el problema sin que se hayan encontrado una salida. “Deben ser soluciones integrales que vayan desde el fin de la permisividad hasta la búsqueda de todos los mecanismos sociales que permitan ayudarles a buscar una salida digna”, ha señalado Casañal.

Por último, Leticia Crespo (CHA), ha opinado que la respuesta al problema “debe ser integral”, y que debe incluir “la posibilidad de regularizar a esta gente”. “Las medidas no pueden ser solo punitivas”, ha dicho Crespo, quien ha reclamado una “intervención directa de servicios sociales”, son inmigrantes sin papeles, requieren acompañamiento para acogerse de forma rebvgular, para pagar una licencia, regularizar.