Los vendedores ilegales vuelven a hacerse fuertes en las madrugadas del rastro

Aunque la presencial policial parecía haberles disuadido, el llamado ‘rastro de las tinieblas’ ha vuelto con fuerza al parquin sur de la Expo. Decenas de vendedores sin licencia vuelven a instalarse las noches de los sábados y, entre linternas, furgonetas y mantas, pasan diez o doce horas tratando de colocar sus productos hasta que amanece. Entonces, algunos se retiran y otros optan por confundirse con la zona de antigüedades del mercadillo habitual de los domingos.

Los ilegales han variado unos metros su ubicación –antes eran visibles desde la avenida Ciudad de Soria y ahora se ubican más cerca de los Viveros Jara– y despliegan el género (bolsos de lujo, artículos de tecnología, lo que parece bisutería...) en algunas mantas y en los maleteros de sus coches. En este gran bazar clandestino, que funciona al margen de la ley, se juntan personas de escasos recursos y sin hogar, pero también delincuentes, clanes de ladrones y mafias, que la Policía conoce y que, incluso, se desplazan desde Almería o Murcia únicamente para una noche de mercado en Zaragoza.

El mercadillo irregular comenzó como un punto de encuentro para el ‘top manta’ local, pero poco a poco fue creciendo. Durante unos meses se fortaleció debido a que la política de no intervención policial aplicada por el equipo de gobierno de ZEC –prohibió a la Unidad de Apoyo Policial Operativo (UAPO) acercarse al parquin–, pero tras las protestas de los comerciantes legales, la Policía Local sí puso coto a los vendedores de artículos de origen sospechoso, que llevaban meses sin reaparecer por La Almozara. Entre los productos a la venta, el cliente puede encontrar desde ruedas de coche hasta platos de ducha, pasando por herramientas, móviles, juguetes, ropa y calzado... Su origen es desconocido, pero fuentes policiales tienen claro que "la mayoría son cosas robadas o salen del contenedor de la basura".

Algunos vendedores legales temen que se reediten los roces y trifulcas con quienes sí pagan las tasas y muestran su preocupación por que esta situación provoque que los asiduos del rastro regular del domingo se sientan intranquilos o inseguros. Critican la "sensación de impunidad" y consideran también que el plan municipal para legalizar cien puestos de ambulantes sin autorización a través de una tasa simbólica puede dar alas al mercadillo callejero clandestino.

La Policía Local pone unas 280 multas a los vendedores sin licencia del rastro al año (1.300 el último lustro), aunque el área de Servicios Públicos no acostumbra a tramitarlas "por un criterio de eficiencia administrativa". El gobierno municipal sostiene que cobrarlas cuesta más que no hacerlo, decisión que, según señaló en su día la oposición, podría rozar la prevaricación.

Plan para autorizar unos cien puestos de segunda mano

Alegando motivos de "implicación social", el gobierno de ZEC está estudiando crear una tasa simbólica para cien vendedores ilegales que, así, pasarían a estar autorizados. Se crearía un agravio comparativo con quienes regentan los puestos habituales (la diferencia de tarifas es elevada), a quienes se trata de contentar ahora con el traslado del rastro de los miércoles a una zona más céntrica de la ciudad, para disgusto de todas las entidades vecinales. Adolfo Allué, miembro de la Plataforma Social Rastro, sostiene que la medida serviría para "luchar contra la exclusión social" y asegura que los cien nuevos vendedores solo se colocarían en el parquin sur los domingos, esto es, no participarían del traslado del rastro los miércoles. "La solución al problema no puede ser solo policial, hay que buscar una respuesta global y social", afirman fuentes de ZEC, que también aseguran que la medida respetaría las ordenanzas municipales. Los vendedores legales, no obstante, temen que así se dé alas a la concentración de comerciantes callejeros y se provoque una suerte de efecto llamada.

Hace unos meses, los agentes de la UPAC (unidad de la Policía Local), ayudados por los trabajadores de la limpieza de FCC, llegaban a llenar más de 20 contenedores (con una capacidad de mil litros cada uno) con enseres ilegales para su destrucción. Desde 2012, el Ayuntamiento cuenta con un reglamento regulador venta ambulante, que contempla multas de 300 euros para sanciones muy graves. No obstante, la propia ley nacional de Seguridad Ciudadana también persigue la venta ambulante sin licencia.