La titular del Juzgado de lo Penal número 4 de Zaragoza no ha encontrado ninguna prueba que demuestre que la forma de actuar del ginecólogo Máximo González Marqueta provocó la muerte de María Pilar P. P., de 31 años, y su bebé, durante un complicado parto en el Hospital Ernest Lluch de Calatayud. La Fiscalía y la acusación particular atribuían al especialista dos homicidios por imprudencia profesional grave, por los que pedían hasta seis años de prisión y cuatro de inhabilitación. Sin embargo, la jueza entiende que el facultativo actuó siempre "conforme a los protocolos" y "tal y como establece la praxis médica".

La magistrada reconoce en su sentencia la "crudeza" de un juicio de estas características y asegura que no es ajena al enorme sufrimiento de la familia de los fallecidos. Ahora bien, advierte de que una sentencia condenatoria "no se justifica en la magnitud de los resultados", sino en una carga probatoria que evidencie "sin ningún atisbo de duda" los hechos por los que se acusa.

Partiendo de esta premisa, la jueza recuerda que la parturienta ingresó en el hospital sobre las 9.45 del 22 de abril de 2013, aunque no fue hasta las 3.30 cuando, mediante una cesárea de urgencia, se extrajo el cuerpo sin vida de su bebé. El fallecimiento de la madre se produjo minutos después, tras un intento fallido de suturarle los graves desgarros uterinos que sufrió cuando el acusado usó los fórceps para intentar extraer al niño.

Basándose en el testimonio de los forenses del Instituto de Medicina Legal de Aragón, la juzgadora concluye que la muerte del bebé no se produjo por un mal uso de las pinzas o la ventosa, sino por aspiración de líquido amniótico y el shock hemorrágico de la madre. "Las lesiones que presentaba el feto no son indicativas de que se realizara una presión intensa o desproporcionada con los fórceps", indica.

Solo 3 o 4 casos de cada 10.000

Según el fallo, ha quedado probado que la rotura uterina se produjo como consecuencia de la utilización de dicho fórceps, ya que el niño se salió del canal de parto y la madre sufrió un intenso dolor que la dejó inconsciente. Sin embargo, insiste la jueza en que ninguna prueba existe de que el ginecólogo aplicara una fuerza desmedida a la hora de tirar del bebé para extraerlo. Recuerda que este tipo de complicaciones se contemplan en el consentimiento que se firma antes de entrar en quirófano y que "el riesgo de mortalidad materna en España es de 3 o 4 casos entre 10.000".

A través de su sentencia, la jueza explica que los riesgos que conlleva una cesárea hacen que los médicos se decanten siempre por el parto natural. Entiende, además, que ninguna razón o justificación existía en este caso para optar por una intervención quirúrgica.

La acusación particular, a cargo de Carmen Cifuentes, censuraba al acusado que hubiera optado por suturar el útero en lugar de por extirparlo directamente. Según la juzgadora, este es precisamente "el único punto" en el que los médicos forenses cuestionan "en cierta medida" la actuación del ginecólogo. Durante el juicio, estos dijeron que fue una decisión "correcta pero no adecuada", matizando que, "a posteriori", se deduce que la mujer hubiera tenido más posibilidades de sobrevivir con la extirpación. En cualquier caso, los especialistas creen que, dada la gran cantidad de sangre que había perdido la paciente y los problemas de coagulación que presentaba, no se puede asegurar que la histerectomía hubiera evitado el fatal desenlace. De ahí que, como pedía la defensa, a cargo de Guillermina Aguirregomozcorta, la sentencia haya sido absolutoria.