Un ginecólogo se enfrenta a 6 años de cárcel por un parto en el que murieron un bebé y su madre

El fiscal y la familia de la mujer fallecida, de 31 años, le acusan de causar graves lesiones a las víctimas con el fórceps y la ventosa y le reprochan su tardanza en recurrir a la cesárea.

Hospital Ernest Lluch de Calatayud.
El fallecimiento de la madre y su bebé se produjo el 23 de abril de 2013 en el hospital Ernest Lluch de Calatayud
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Un ginecólogo del Hospital Ernest Lluch de Calatayud se sentará próximamente en el banquillo de los acusados por la trágica muerte de una mujer de 31 años y su bebé durante un parto en el que según la Fiscalía y la familia de los fallecidos el especialista cometió una imprudencia profesional grave. Para las acusaciones, que solicitan penas de hasta seis años de prisión y cuatro de inhabilitación para M. G. M., el médico hizo un uso totalmente inadecuado del fórceps y la ventosa provocando a la mujer y a su niño lesiones que resultaron fatales. Consideran además, que una vez constatada la muerte del bebé, el acusado debió pensar primero en salvar la vida de la madre, pero se equivocó y optó por suturar los importantes desgarros que presentaba para intentar que pudiera tener más hijos.

Los hechos que dieron lugar a la apertura de diligencias contra el especialista del hospital bilbilitano por dos homicidios imprudentes se produjeron el 23 de abril de 2013. La mujer, madre primeriza, había sido citada la mañana anterior en el Ernest Lluch para provocarle el parto, ya que había alcanzado el periodo máximo de gestación recomendable: 41 semanas y cinco días.

Como recuerdan la fiscalía y la acusación particular en sus escritos, el embarazo se había desarrollado con total normalidad y todos los controles, analíticas y exploraciones que se practicaron a la madre fueron normales. Acompañada de su marido, la mujer llegó al hospital sobre las 9.45, por lo que se procedió a un primer reconocimiento y se decidió monitorizarla. Sobre las 15.20, la paciente tuvo una rotura espontánea de membranas que provocaron la salida de líquido amniótico. Y como mantienen las acusaciones, según los informes periciales, aquello representaba ya un claro riesgo vital para el bebé por ingesta (lo que la autopsia confirmó después que se había producido).

Pese a todo, recuerda la fiscalía, no fue hasta las 21.00 cuando "como único ginecólogo de guardia y ante la continuación del problema de contractilidad uterina de la paciente", el acusado decidió suministrarle oxitocina "en un intento más y dilatado en el tiempo de conseguir provocarle el parto". De hecho, no fue hasta las 2.45 del 23 de abril y después de 18 horas de intento de parto natural cuando el especialista optó por derivar a la mujer al paritorio.

Tras varias pujas infructuosas de la madre, puesto que el bebé no se situaba en el canal de parto, el encausado decidió hacer uso del instrumento conocido como fórceps de Kjelland para cambiar de posición al niño. Según se desprende del historial médico del propio centro sanitario y de los informes médico-forenses, el "manejo incorrecto" del mismo causó graves lesiones a la mujer y a su bebé. Y como aún así no lograba extraer al niño, el encausado recurrió a la ventosa, según la fiscalía, "haciendo de igual modo una práctica irregular".

La matrona avisó entonces al especialista de la pérdida de latido del pequeño, momento en el que, según las acusaciones, este "por fin" decidió trasladar a quirófano a la paciente para practicarle una cesárea. Al abrir, comprobaron que tenía una importante hemorragia interna. Sobre las 4.00, se extrajo al niño en parada cardiorrespiratoria, y aunque un pediatra estuvo 40 minutos intentando reanimarlo, los esfuerzos fueron en vano. A las 6.30 se certificó el fallecimiento de la madre, a la que también se intentó reanimar sin éxito.

En el juicio estarán presentes también la DGA y su aseguradora como responsables civiles subsidiario y directo –respectivamente– para responder de indemnizaciones que suman cerca de medio millón de euros.

¿Por qué se evita la cesárea?

Unos 3.000 niños nacen cada año en Aragón mediante cesáreas, lo que supone en torno a un 23% del total de alumbramientos. Este porcentaje se mantiene todavía lejos de lo recomendable por la Organización Mundial de la Salud, que aconseja practicar solo entre un 10% y un 15%.

La tasa de partos por esta técnica es considerablemente mayor en las clínicas privadas, llegando a registrar algunas hasta un 40% de nacimientos de este tipo frente a una media del 19% de los centros públicos.

Los especialistas insisten en que las cesáreas son necesarias en algunos partos con problemas y eso hay que tenerlo presente, pero hacen hincapié en que esta intervención quirúrgica tiene que ser uno de los últimos recursos.

Los responsables de los principales hospitales aragoneses creen que cada centro tiene que trabajar en conseguir contener esta técnica con estrategias particulares que se ajusten a la "casuística y complejidad" de los partos que atiende. El riesgo de pasar por un quirófano y el alto coste son argumentos que se esgrimen para intentar evitar las cesáreas.

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