El Ayuntamiento intentará anular la expropiación del Tiro de Pichón

El procedimiento, que se impulsa con los votos de ZEC, PSOE, C's y CHA, pretende evitar el pago de la sentencia del Tribunal Supremo que cifra los suelos en casi 10 millones de euros.

Fernando Rivarés y Pablo Muñoz, este viernes, en el pleno municipal.
Fernando Rivarés y Pablo Muñoz, este viernes, en el pleno municipal.
José Miguel Marco

El pleno del Ayuntamiento de Zaragoza, con los votos de todos los partidos salvo el PP, acordó este viernes iniciar un proceso de revisión del acuerdo por el que se aprobó la expropiación de los suelos del Tiro de Pichón con el objetivo de que quede anulado. El procedimiento es muy complejo, dado que llega después de una sentencia del Tribunal Supremo que obliga al Consistorio a abonar casi 10 millones de euros a este club deportivo por la ocupación de los terrenos.

El concejal de Urbanismo, Pablo Muñoz, defendió la propuesta desde un punto de vista "jurídico, político y ético". "No debemos pagar por algo que es nuestro", declaró el responsable municipal, que explicó que los terrenos expropiados (tres porciones de 11.799, 501 y 321 metros cuadrados) eran un bien de dominio público, tal y como figura en un informe de mayo de 2016. Por tanto, siempre según su opinión, cabe la posibilidad de anular el acuerdo expropiatorio y por tanto evitar el pago.

"No eran unos suelos edificables y además están en una zona inundable", declaró. Calificó la sentencia del Supremo, que negó el carácter "decisivo" del informe de la CHE, de "sorpresiva" e "incomprensible", dado que "marca un criterio peligroso para la administración". Ahora, para anular su propio acuerdo, el Ayuntamiento deberá dirigirse a la Comisión Jurídica Asesora, que tiene que emitir informe.

PSOE, Ciudadanos y CHA respaldaron la tesis de Muñoz, pero los populares fueron muy críticos. El edil del PP Pedro Navarro consideró que la maniobra del gobierno, que trata de frenar la ejecución de una sentencia del Supremo, además de tener pocas opciones de éxito supondrá más costes para el erario por la acumulación de intereses de demora.

Navarro cargó en primer lugar contra el concejal de Economía, Fernando Rivarés, que anunció hace unos días que esta sentencia no se iba a pagar y dijo que los concejales de ZEC "son una banda". "En una semana que se ha retrasado el pago esto nos ha costado 8.000 euros más", afirmó el concejal popular.

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