La oposición en el Ayuntamiento de Zaragoza intentará revertir el golpe de Santisteve por el que ZEC asumió el poder de todas las sociedades municipales de forma unilateral. Los grupos de PP, PSOE, Ciudadanos y CHA llevarán al Pleno las propuestas de la Universidad de Zaragoza recogidas en el informe sobre el régimen de composición de los consejos de administración en las empresas públicas del Consistorio y el alcance del Gobierno, ostentado por ZEC. Aún está por determinar si las proposiciones se votarán en una sesión ordinaria o en una extraordinaria.

En el texto, que lleva la rúbrica los catedráticos de Derecho administrativo Gerardo Gacía-Álvarez y José María Gimeno Feliú, se incluyen tres propuestas. La primera insta a modificar el Reglamento orgánico municipal (ROF) de modo que el reparto de los miembros en los consejos de administración tenga "un criterio proporcional en función del número de concejales" de cada grupo, como ocurría hasta la decisión de ZEC de cesar a varios consejeros de la oposición para lograr la mayoría en Zaragoza Cultural, Zaragoza Vivienda, Zaragoza Deporte y Ecociudad.

La segunda propuesta de la Universidad consiste en "transformar las sociedades municipales en entidades públicas empresariales". Esta decisión, indica el documento, "se ajusta a unos mejores estándares de gobernanza pública y evita la privatización". Las nuevas entidades se ajustarían "a los derechos y obligaciones de las actuales sociedades", asumiendo sus plantillas, así como sus activos y pasivos.

Esta fórmula, ahondan los catedráticos, "es compatible con la obtención de ingresos de mercado" a la vez que "preserva los fines públicos" y se ajustaría al artículo 11 de la Ley de Capitalidad de Zaragoza.

La última propuesta de la terna liga de forma directa la ejecución de los presupuestos con la representatividad de los grupos. Esto se lograría incluyendo "un voto particular para modificar e incluir la no disponibilidad de una parte del crédito de las sociedades en las que se ha modificado de forma unilateral la composición de los consejos de administración".

La medida lograría "inmovilizar" la fracción de la partida presupuestaria que no afecta a las nóminas de los empleados ni a los gastos ordinarios de funcionamientos "en tanto no haya una declaración expresa del Pleno".