El juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Zaragoza acaba de rechazar el último recurso que seguía vivo contra el proyecto residencial en los suelos de la antigua factoría de Averly, en el paseo de María Agustín. Se trata de un pleito impulsado por Acción Pública para la Defensa del Patrimonio Aragonés (Apudepa) contra la licencia de derribo, que no ha sido admitido y que incluso le ha supuesto a la citada entidad una condena en costas. La sentencia no es firme.

El recurso se presentó en junio de 2016 contra el Ayuntamiento de Zaragoza y contra la empresa Neurbe Promociones, que fue la que recibió la licencia de demolición de las cuatro naves industriales y los cobertizos de Averly, la parte que no estaba catalogada del antiguo complejo industrial. Se solicitó la medida cautelarísima de paralizar el derribo, que no fue admitida. Sí que se estimó la medida cautelar, aunque con una caución de un millón de euros, por lo que quedó sin efecto. El primer aspecto que analiza el juez es si se podía admitir el recurso contencioso administrativo cuando la presidenta de Apudepa, Belén Boloqui, había presentado uno de reposición frente al acuerdo de la Gerencia de Urbanismo. Apudepa esgrimió que el primer recurso era de la entidad y que el segundo, que fue desestimado, era a título particular.

Admite el juez que no hay identidad entre Boloqui y Apudepa, pero "la realidad es que mediante la confusión de actuaciones e interesados se ha efectuado una suerte de abuso de la personalidad jurídica". La sentencia dice que es la presidenta de la asociación "la que formula el recurso en sede administrativa y quien otorga el poder de representación que sirve para actuar en vía contencioso administrativa".

El juez recuerda que se deben evitar "actuaciones contrarias a la buena fe y eliminar el abuso de derecho". Por eso, entiende que al haberse formulado recurso de reposición y no haberse presentado un contencioso cuando el Ayuntamiento lo desestimó, "dicho acto quedó firme y consentido", lo que determina el primer motivo por el que se inadmite la pretensión de Apudepa.

Pero el juez entra en el fondo del asunto. Indica que el recurso de Apudepa se basa en un informe de una funcionaria municipal ya jubilada que sostenía que era necesario aprobar el plan especial de Averly antes de conceder la licencia de demolición. La sentencia recuerda que un informe jurídico municipal desestimó la posición de esta funcionaria que, según la sentencia ,"tenía deseos de que la factoría Averly se conservara en su integridad". Para el juez, la posición de esta funcionaria no tiene cabida en el ordenamiento jurídico. Además, se diferencia el permiso de demolición del de construcción para insistir en que "no era necesaria la previa tramitación del plan especial (...) para el otorgamiento de la licencia de derribo".

El juez no ve "contradicción" entre el plan especial inicialmente aprobado y la licencia de demolición. También dice que las alegaciones de Apudepa para que los edificios no catalogados de Averly fueran monumento de interés local no determinan la suspensión cautelar de las licencias. Respecto a la catalogación de Averly en su conjunto, la sentencia recoge que en otros procedimientos se han rechazado las pretensiones de Apudepa y da por buena la decisión de la DGA respecto a la protección de la fábrica. "No tiene sentido efectuar nuevas pruebas (...)", dice la sentencia. También se opone a que sea necesario un texto refundido del proyecto de derribo.

Por tanto, tras avalar la actuación del Ayuntamiento a la hora de conceder la licencia de derribo, decide que Apudepa abone las costas por haber utilizado los mecanismos procesales "de forma indebida". Además, considera que se deben incluir las costas de Neurbe Promociones, "ya que es la principal perjudicada por las acciones procesales" de la citada asociación. El juez considera que concurre "abuso de derecho, temeridad, mala fe o fraude de ley" en el ejercicio de la acción procesal mediante el beneficio de la asistencia jurídica gratuita, que queda revocada. "Existen actuaciones que encajan en dicha situación", dice. Por eso, deberá abonar la expresa condena en costas.

Un proyecto que sigue a la espera del plan especial

Tras múltiples vicisitudes y año y medio después del derribo de las naves no catalogadas de la antigua factoría de Averly, la iniciativa urbanística sigue atascada en los despachos. De momento, está a la espera de que se proceda a la aprobación definitiva del plan especial, que debe definir el diseño de la parcela. Hay que tener en cuenta que la tramitación del plan especial se remonta a septiembre de 2014, cuando se aprobó inicialmente. Fuentes municipales confirman que desde entonces se han hecho múltiples modificaciones, tanto en la distribución de los volúmenes como en las alturas de los edificios. El proyecto prevé alrededor de 170 pisos, con una reserva de 31 VPO. En paralelo, el Ayuntamiento ya ha iniciado los trabajos para el plan director que debe definir los usos de la zona catalogada que se cederá para su uso público. Está prevista una inversión de 6 millones de euros en un plazo de cinco años.