ZEC pedirá de nuevo la comparecencia de Belloch y Pérez Anadón por Ecociudad

La concejala de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Zaragoza, Teresa Artigas, ha anunciado este martes que ZEC pedirá de nuevo la comparecencia de los anteriores responsables de la sociedad municipal Ecociudad, el exalcalde Juan Alberto Belloch y el exconsejero de Urbanismo Carlos Pérez Anadón.

En declaraciones a los medios previas a su comparecencia ante la comisión de investigación sobre Ecociudad, Artigas ha justificado esta petición, que fue rechazada anteriormente, en un nuevo informe de los servicios jurídicos del Ayuntamiento que aportarán este martes.

Este nuevo documento, recibido anoche, resuelve que era el consejo de administración el órgano competente para aprobar las mejoras del contrato de la depuradora de La Almozara y que estas "en ningún caso" podían ser decisión unilateral del gerente de la sociedad, ha explicado.

Por tanto, este informe, "de suma relevancia", según Artigas, disipa las dudas suscitadas en la sesión del pasado día 5, cuando se produjeron las declaraciones contradictorias del asesor jurídico externo de la sociedad, quien defendió que estas mejoras podían ser decididas por el propio gerente, mientras que funcionares municipales sostuvieron que tenía que ser el consejo el que las aprobara.

La edil ha recordado también que la aprobación de estas mejoras de contrato "nunca" pasaron por el consejo de administración de Ecociudad, al que solo se le dio cuenta de las mismas meses después de que comenzaran a aplicarse "de facto".

Todo ello, unido a que el todavía gerente de la sociedad, Miguel Ángel Portero, manifestara en la comisión que puso en conocimiento de sus superiores (en aquel momento Belloch y Pérez Anadón) el cambio en las mejoras, es lo que ha provocado que ZEC se reitere en su posición de que es "imposible" llegar al fondo del asunto si no declaran también los anteriores responsables políticos.

Protocolos anticorrupción

Por otro lado, Artigas ha informado de que, como vicepresidenta de la sociedad municipal, ha solicitado al gerente que estudie la posibilidad de implantar protocolos anticorrupción con sistemas de buenas prácticas para evitar que se cometan delitos en su seno, algo ya implantado en empresas privadas y algunas administraciones públicas.

Del mismo modo, ha pedido a todos los servicios municipales que trabajan en la gestión del agua que estudien la posibilidad de implantar un sistema propuesto por la Fundación Nueva Cultura del Agua, con medidas en el ámbito de la transparencia, la participación y la rendición de cuentas.

Antes de comparecer, Artigas ha aprovechado para tildar de "circo" esta comisión que "no pretende investigar", ya que en su opinión PP, PSOE y Ciudadanos no están permitiendo llegar al fondo de la cuestión.

Postura socialista

Por su parte, la concejala socialista en el Ayuntamiento de Zaragoza, Lola Ranera, ha reprochado a ZeC haber encargado un informe "ad hoc" que "llega tarde" para contradecir al del letrado independiente de Ecociudad "porque les interesa" y porque la comisión de investigación sobre esta sociedad no les "va bien".

En rueda de prensa, Ranera ha recordado que este informe está redactado por el letrado mayor del Consistorio, Carlos Navarro, quien es cargo de confianza del equipo de gobierno, mientras que el realizado por la sociedad municipal provenía de un abogado "independiente".

En este informe, aportado por la concejala de Medio Ambiente y Movilidad, Teresa Artigas, quien ha comparecido hoy ante la comisión que investiga la gestión de la sociedad municipal de Ecociudad, indica que era el consejo de administración y no el gerente de la sociedad el competente para aprobar una modificación de las mejoras en los contratos, al contrario de lo que sucedió.

Asimismo, la concejala socialista ha rechazado que comparezcan los anteriores presidente y vicepresidente de Ecociudad -el exalcalde Juan Alberto Belloch y el exconsejero municipal de Urbanismo y actual portavoz socialista, Carlos Pérez Anadón-, porque ya se decidió que no podían comparecer más personas.

Ha tachado de "conspiración" y "proceso inquisitorial" la actuación del Gobierno de ZeC con respecto a la sociedad municipal y a su todavía gerente, Miguel Ángel Portero, y ha pedido al alcalde, Pedro Santisteve, quien comparece mañana, un "esfuerzo de transparencia y sinceridad".

Del mismo modo, ha denunciado también que la inspección de Artigas y del responsable de Servicios Públicos, Alberto Cubero, en la que "llaman a un timbre a las 7 de la mañana" y les recibe un delegado sindical se hace cuando ya tenían preparada una rueda de prensa para anunciar "incumplimientos".

A ello, ha sumado que, tras unos correos facilitados por el jefe de planta depuradora de La Almozara, Miguel Ángel López Fatás, el Gobierno denuncia una posible falsedad en un acta de la sociedad, tras el que el propio alcalde inicia un proceso de "información reservada" instruido por una funcionaria de otra área que recientemente ha sido ascendida, ha asegurado.

Así, ha considerado que este proceso, que culminó en la Fiscalía y que luego fue sobreseído por los tribunales, fue "garantista" con el "inquisidor" y no con los técnicos de Ecociudad, a los que no se consultó y que "lo han pasado muy mal" por ser investigados.

Ranera ha sostenido que todo ello ha sido un "invento", un "montaje" con medios "poco ortodoxos" para hacer dimitir al gerente por no ser "leal".

A este respecto, ha confiado en que el alcalde arroje luz sobre este proceso, que generó una "indefensión absoluta, vergonzosa e inadmisible" en los trabajadores de Ecociudad, y sobre quién decidió las personas que tenían que declarar en dicha información reservada y por qué no se llevó directamente a la Fiscalía o se trasladó a los consejeros de la sociedad.

Por todo ello, ha afirmado tener "muchas expectativas" de cara a la declaración de Santisteve en la comisión de investigación.

En cuanto a las mejoras en el contrato sobre las que el informe jurídico clarifica las competencias, ha reiterado que se tuvieron que reorientar en un momento dado con los técnicos al tratarse de una planta que había superado su vida útil y que se produjeron conversaciones al respecto durante 14 meses.