Según informan sus trabajadores, cada día pasan por las ventanillas del servicio de Recaudación del Ayuntamiento de Zaragoza unas 400 personas. A mediados de enero, sin embargo, la afluencia se intensificó de repente y durante los días 9, 10 y 11 de enero sus empleados tuvieron que atender a cerca de 1.100 contribuyentes por jornada.

El sindicato CGT ha denunciado que el Ayuntamiento de Zaragoza volvió a recurrir al envío masivo de avisos a morosos para tratar de reducir de un plumazo los 57,7 millones de euros que quedaron pendiente de ingresar en las arcas municipales al cierre del ejercicio anterior.

Los trabajadores han llegado a cuantificar el fenómeno y aseguran que el consistorio lanzó una ofensiva de 60.000 notificaciones a deudores en apenas unos días. Lo cual provocó la saturación repentina del servicio de Recaudación y generó estados de estrés en alguno de sus trabajadores. "Las máquinas empiezan a dar turno a las 8.30 pero alguno de esos días ya había casi 30 personas esperando antes de las 8.15 y dándose la vez entre ellas para pasar luego por la máquina de turnos", aseguran desde el sindicato que ha denunciado el caso.

Estrés entre los trabajadores

No es la primera vez que el Ayuntamiento envía semejante oleada de cartas de apremio a vecinos que no están al corriente de pago de determinados impuestos o multas. De hecho, CGT ya había denunciado envíos masivos de este tipo de cartas en ocasiones anteriores e, incluso, había llevado el asunto ante el Comité de Seguridad y Salud Laboral para tratar de evitarlos en el futuro. "No tiene sentido que se acumulen las cartas para enviarlas todas de vez -critica Ramiro Duce desde CGT-. Sería mejor que se escalonaran en el tiempo para evitar las sobrecarga de los trabajadores", expone.

Según el sindicato, el Ayuntamiento se había mostrado favorable a racionar este tipo de envíos, lo que ayudaría a evitar la concentración excesiva de ciudadanos descontentos en las dependencias de Recaudación. Sin embargo, el envío del pasado mes de enero tiró por la borda las expectativas generadas en los representantes de los trabajadores.

"Creemos que es un desprecio hacia la salud de nuestros compañeros y compañeras y nos deja ante la tesitura de no saber qué dirección tomar, salvo la de denunciar ante inspección de trabajo", avanzaban desde CGT en un escrito publicado en su página web.

Procedimientos de embargo

El Ayuntamiento realiza estos barridos periódicamente desde hace varios años para cumplir con su obligación de reacudar el dinero que debe entrar en las arcas municipales. En estas cartas con notificaciones de expedientes de impago el consistorio informa también, en los casos más graves, de la posibilidad de embargos y con ellas trata de animar a los ciudadanos a saldar sus deudas lo antes posible.

Cuando el Consistorio realiza estas oleadas de cartas a los domicilios zaragozanos, el efecto es inmediato y las oficinas de recaudación ejecutiva registran largas filas porque, si los morosos no abonan sus deudas, se inicia el procedimiento de embargo. Lo primero es pedir información sobre los morosos a las diferentes entidades bancarias. Si tampoco así el Ayuntamiento logra recaudar su dinero, se investiga si el ciudadano está cobrando un sueldo o pensión y, si tras darle una última oportunidad el ciudadano no salda su deuda, la administración se pone en contacto con su centro de trabajo para embargar el salario.

Quejas al Justicia de Aragón

A lo largo del año pasado el Justicia de Aragón registró doce quejas sobre el embargo de cuentas corrientes, salarios y pensiones. Los ciudadanos que recurrieron al Justicia habían recibido una comunicación en la que se les advertía de la existencia de una deuda y de que se había solicitado información sobre su pensión al Insittuto Nacional de la Seguridad Social.

Los casos que suelen generar más controversia son los que afectan a perceptores de sueldos o pensiones inferiores al salario mínimo interprofesional. La Ley de Enjuiciamiento Civil establece que el primer salario interprofesional es inembargable pero la Administración sí tiene derecho a embargar el dinero que la persona no haya gastado a final de mes. Lo inembargable es la pensión, no la capacidad de ahorro y esto, a veces, el ciudadano lo desconoce y por ello remite sus quejas al Justicia de Aragón.