El comité de empresa de Auzsa considera que el Gobierno de Aragón no puede "mirar hacia otro lado" en el conflicto del autobús urbano de Zaragoza, cuyos trabajadores llevan en huelga 69 días, y le ha exigido que apoye al alcalde en su intención "demostrada" de querer solucionar el problema.

El comité de empresa ha comparecido este martes ante la Comisión de Peticiones Ciudadanas de las Cortes para exponer los motivos que les han llevado a esta huelga que, según ha dicho su presidente, Javier Anadón, se ha convertido ya en un conflicto "social y político".

En el origen, ha dicho, está la intención de una multinacional (el Grupo ADO, propietaria de la empresa que gestiona el servicio del autobús) de "hacer de un servicio público esencial un gran negocio".

Por eso, ha pedido al ejecutivo autonómico que se involucre para alcanzar un "pacto político" junto al Ayuntamiento y se obligue a la empresa, que "ha robado dinero" a los trabajadores, a que cumpla el pliego de condiciones de la contrata y el convenio colectivo.

Ha hecho referencia a las competencias que tiene el Consorcio de Transporte del Área de Zaragoza y ha insistido en que puede tomar medidas para intervenir y solucionar el conflicto.

"Apoyen al Ayuntamiento de Zaragoza que ha demostrado que está por solucionar el conflicto a pesar de los palos en las ruedas que políticamente se le están poniendo", ha implorado Anadón.

A su juicio, hay que "dar la vuelta" a una situación en la que el poder político está por debajo del económico y obligar a la empresa a que cumpla; y si no lo hace, el comité de empresa apuesta por "el rescate" y la "remunicipalización" o por la intervención en la empresa, para exigir que cumpla el pliego de condiciones de la contrata, que finaliza en 2023.

Incrementar los servicios mínimos, como han pedido PP, PSOE y el PAR, no solucionaría nada más que alargar el conflicto, ha añadido Anadón, quien ha asegurado que llevarán su lucha hasta el final "por dignidad", para recuperar los derechos "robados" por una empresa que ha rebajado ostensiblemente la calidad del servicio y que no cumple el pliego de condiciones de la contrata, en la que se incluye como uno de sus puntos el convenio colectivo, que tampoco cumple.

Los trabajadores piden que se desbloquee el convenio; que Auzsa cumpla sus compromisos con los trabajadores, el ayuntamiento y los ciudadanos; que convierta los contratos temporales en indefinidos y se acaben las horas extra; que se habiliten aseos dignos en los finales de línea y se redacte un plan de conciliación de la vida laboral y personal, y que se garantice el adecuado mantenimiento de los autobuses.

Auzsa, ha insistido Anadón, lo único que busca es beneficio a costa de los derechos laborales, y no está interesada en mejorar el servicio, lo que se demostró con el despido en 2013, nada más hacerse con la contrata, de 153 trabajadores que fueron liquidados "con dinero público".

Tras su intervención, el popular Fernando Galve ha dicho que se trata de un conflicto "privado" entre empresa y trabajadores, aunque sea el Ayuntamiento el que tenga que garantizar un servicio público.

A su juicio, el alcalde Pedro Santisteve "no ha sido neutral" en este caso y ha dejado "de lado" a la mayoría de los ciudadanos que tienen derecho a llegar a tiempo a su trabajo, su escuela o al hospital, por lo que le ha pedido que "se moje".

Sin embargo, Amapo Bella, de Podemos, ha achacado el problema a "muchos años de gestión inadecuada", a la actitud de la empresa y a la reforma laboral del PP, y ha asegurado que la capacidad de intervención del ayuntamiento para hacer que el pliego se cumpla y llevar a cabo inspecciones es "innegable", ya que explota "todas las vías" posibles para intervenir por ese lado.

La resolución del problema, ha añadido, debería llegar en una mesa de negociación que enfoque "claramente" que el "enemigo" es la empresa, que mantiene como "rehenes" a los trabajadores y a los ciudadanos, que no ha propuesto nada para solucionar el conflicto y que, además, se lleva "pingües beneficios".

Desde el Grupo Mixto, Gregorio Briz (CHA) ha propuesto que, dado que el SAMA se ve incapaz de resolver el conflicto, se busque un mediador, una persona "insigne" especializada en derecho laboral que interceda entre las partes.