La Fiscalía Anticorrupción pide para el exgerente de la Plataforma Logística Plaza de Zaragoza (Plaza) 23 años de prisión y para el exviceconsejero de Obras Públicas del Gobierno aragonés Carlos Esco 7 años y 8 meses por diversos delitos relacionados con la ejecución de esta plataforma.

En el escrito de acusación, la Fiscalía pide penas que suman 190 años de cárcel para 25 personas, entre ellas también el que fuera propietario del Real Zaragoza Agapito Iglesias, para el que solicita 5 años y 10 meses de cárcel por cohecho y falsedad documental.

Prevaricación, malversación de caudales públicos, falsedad de documento mercantil, cohecho y blanqueo de capitales son los delitos que atribuyen a los principales imputados, entre ellos García Becerril, para el que pide además 42 años de inhabilitación y 2,8 millones de euros de multa.

A Carlos Esco, quien fuera consejero delegado de Plaza y viceconsejero de Obras Públicas del Gobierno aragonés PSOE-PAR (2008-2011) le acusa de malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, prevaricación y cohecho.

La Fiscalía Anticorrupción considera que hubo un plan urdido en 2002 por los principales responsables para ejecutar las obras de esta plataforma logística, la mayor de Europa, y obtener beneficios.

Así, considera que se produjeron adjudicaciones fraudulentas de contratos a la UTE Acciona-Mariano López Navarro y a Intecsa-Inarsa, a la que se adjudicó la dirección de las obras; sobrefacturación de los trabajos ejecutados, mediante el aumento de los precios reales, simulando mayores medidas en las obras realizadas y certificando ficticiamente trabajos no ejecutados, pagos en especie con cargo a Plaza y facturaciones falsas.

El fiscal calcula que se produjo un desvió total en perjuicio de Plaza por valor de 147,3 millones de euros, 43,1 en una primera fase de las obras y 104,2 en la segunda.

De acuerdo con esto, pide penas que suman 14 años de cárcel para Miguel Ángel Pérez, el que fuera director técnico de Plaza (sociedad participada mayoritariamente por el Gobierno de Aragón), y 10 años y 9 meses para el director-gerente de la UTE formada por Acciona y MLN, José María Jordán.

Entre los imputados en el escrito de acusación, de 196 páginas, figuran la esposa de García Becerril, Elena Planté, para la que pide 2 años y 9 meses de prisión, y sus dos hijas, Patricia y Carolina, para las que solicita 5 años y 10 meses de prisión y 9 años y 1 mes, respectivamente.

Además, acusa a varios empresarios, entre ellos, Manuel Miguel Colonques Moreno, en calidad de administrador de Maguitel, para el que pide 5 años y 10 meses de prisión, por cohecho y falsedad en documento mercantil.

En concepto de responsabilidad civil, pide conjuntamente para varios acusados, entre ellos García Becerril, Miguel Ángel Pérez, Jordán, José Luis Rodríguez, quien fuera jefe administrativo de la UTE; y Nicola Adrianus Groeneveld una indemnización de 147,3 millones de euros, una cantidad de la que, según considera la Fiscalía Anticorrupción, subsidiariamente deberá responder Acciona.

Para Carlos Esco, como responsabilidad civil, pide 6 millones de euros.

La semana pasada presentaron también el escrito de acusación el Gobierno de Aragón, que pide 25 años de cárcel para García Becerril y 6 para Esco.

Por su parte, la sociedad Plaza, que también ejerce de acusación y cifra en 156 millones de euros los perjuicios económicos sufridos, acusa a 23 personas, entre ellas la esposa y dos hijas de García Becerril, para las que pide entre 9 y 11 años de cárcel por malversación, blanqueo y cohecho.