El interventor municipal dice que la DGA debe abonar casi 40 millones por el tranvía

Rechaza que la obra se liquide por 7,9 millones como ofrece el Ejecutivo y no ve reparos a la vía judicial.

La comisión de estudio de las deudas se reunió ayer en el Ayuntamiento de Zaragoza.
La comisión de estudio de las deudas se reunió ayer en el Ayuntamiento de Zaragoza.
TONI GALÁN

El interventor municipal, José Ignacio Notivoli, respaldó ayer la tesis del Ayuntamiento de Zaragoza sobre la liquidación del convenio del tranvía y consideró que la DGA debería abonar 39,6 millones de euros y no 7,9 como defiende el Ejecutivo. Es más, aunque defendió la senda del acuerdo institucional, no puso reparos a la vía judicial para resolver este conflicto.

Estas fueron las principales conclusiones de la primera jornada de comparecencias de la comisión de estudio de las deudas mutuas de la DGA y el Ayuntamiento, que versaron sobre todo en torno a la liquidación de las obras del tranvía. Así lo explicó el concejal de Economía y presidente de la comisión, Fernando Rivarés, que insistió en que además de los casi 40 millones del tranvía la DGA debe abonar 10,2 en impuestos. A su juicio, es una comisión "un poco absurda", porque las cifras están claras y el Consistorio no debe nada.

Aunque no ha hecho un informe sobre esta cuestión, el interventor dijo que el acuerdo político por el que se cerró la financiación de las obras del tranvía ampara los 39,6 millones que reclama la ciudad. De hecho, durante la legislatura de Marcelino Iglesias se desembolsaron las cuotas por las obras con normalidad, que solo se suspendieron tras la llegada de Luisa Fernanda Rudi al poder autonómico, sin que hubiera cambios después con el socialista Javier Lambán.

El interventor aludió al "cambio de criterio" del Ejecutivo y ante la posibilidad de que haya un acuerdo político entre las dos instituciones advirtió de que mantendrá su posición, aunque informó de que esta no es vinculante.

"Nunca la DGA explicó por qué dejó de pagar. Y ahí sigue", afirmó Rivarés, que fue ayer menos conciliador que cuando se reunió el pasado 30 de mayo con el consejero de Presidencia, Vicente Guillén, y se mostró a favor a cerrar un pacto y no acudir a los tribunales. "El convenio deriva de un acuerdo político, que se basa en la confianza y la lealtad institucional. Si eso se traiciona, ¿dónde queda la confianza? Como dice el interventor, se paga sí o sí", declaró Rivarés. Recordó que las certificaciones que hoy "da por malas la DGA" las mandaba el actual consejero de Hacienda del Gobierno autonómico, Fernando Gimeno, cuando era responsable de las arcas municipales.

También compareció el coordinador de Economía, Miguel Ángel Ruiz, el número 2 de Rivarés. Incidió en la vía judicial para resolver el conflicto entre el Ayuntamiento y la DGA. Y dejó claro que la propuesta del Ejecutivo de saldar la obra por 7,9 millones no es aceptable, pese a que cuentan con el aval de la Intervención de la DGA.

PSOE y CHA incidieron en su apuesta por evitar la vía judicial y cuestionaron que el Ayuntamiento no haya respondido la propuesta de liquidación de la DGA ni haya encargado un informe al interventor para sostener su posición. "Rechazan la posición de la DGA, pero no contestan. Es una debilidad que hemos detectado, también de gestión", dijo el socialista Javier Trívez. Carmelo Asensio, de CHA, abogó por un acuerdo auspiciado por la Cámara de Cuentas.

María Navarro, del PP, se mostró favorable a asumir la posición de los servicios técnicos municipales, pero también dijo que la comisión "está perdiendo sentido" porque "Rivarés ya está hablando de acuerdos con la DGA". Sara Fernández, de Ciudadanos, apostó por que la comisión sirva para "aclarar" los acuerdos entre las instituciones.

Negativas a comparecer

Entre los aspectos destacados de esta comisión figuran las negativas a comparecer de funcionarios y cargos a los que se ha requerido. Es el caso del exconsejero socialista de Hacienda Alberto Larraz y del exconcejal de CHA Antonio Gaspar. La exconcejal Carmen Dueso aún no ha contestado si comparecerá, al igual que el exconsejero socialista Alfonso Vicente. Sí lo harán el consejero de Hacienda actual, Fernando Gimeno, sus antecesores Javier Campoy y José Luis Saz (PP) o el exconsejero de Obras Públicas, Rafael Fernández de Alarcón (PP). El consejero José Luis Soro (CHA) aún no ha confirmado.

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