El Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Teruel ha celebrado este viernes una vista oral por la demanda que ha presentado la propietaria de terrenos en el barrio de Pomecia -donde se concentra buena parte de la población de etnia gitana de la ciudad-, Isabel Gorbe, contra el Ayuntamiento y 26 familias que habitan en esa zona.

Gorbe pide al Consistorio que ejecute un decreto de 2011 que acordaba la demolición de las viviendas de esas 26 familias y que, tras una cadena de recursos, se hizo firme en 2018. La demandante sostiene que las casas se levantan sobre suelo de su propiedad y que no son acordes con el planeamiento urbanístico de la ciudad.

Representada por la letrada María Jesús Sariñena, Isabel Gorbe acusa al Ayuntamiento de “inactividad manifiesta y reincidente” al no haber procedido al derribo de las viviendas de acuerdo al citado decreto y por entender que el Consistorio, como ejecutor subsidiario, es el encargado de demoler las casas si no lo hacen los propietarios.

El abogado defensor del Ayuntamiento, Miguel Ángel Pineda, ha alegado que no existe inactividad por parte de su representado, ya que este todavía no ha dictado una orden de ejecución subsidiaria que le obligue a cargar con los costes de la demolición. Ha añadido que el Consistorio lleva muchos años trabajando para encontrar una solución al problema de Pomecia, un barrio que ha crecido de forma espontánea y que no reúne las condiciones idóneas para la habitabilidad.

El letrado del Ayuntamiento turolense ha puesto sobre la mesa la débil economía de los vecinos de Pomecia y ha calificado de “auténtica locura” demoler las viviendas, una intervención, ha dicho, para la que no existe la “urgencia” que aprecia la parte demandante.

Antonio García/Bykofoto

Una veintena de abogados, en representación de las 26 familias afectadas, se ha opuesto igualmente a las pretensiones de Isabel Gorbe exponiendo que la protección de personas vulnerables está por encima del restablecimiento de la legalidad urbanística y que no se puede ordenar el desalojo de una vivienda si no hay una alternativa habitacional.

Rafael Cid, abogado de Gentium, que representa a la Fundación Secretariado Gitano, ha puesto de manifiesto que en las 26 viviendas sobre las que pende la espada de la demolición viven un total de 95 personas vulnerables. Entre ellas hay al menos 31 niños, 14 personas con discapacidad, enfermedad crónica o edad avanzada y todas se encuentran “en situación de exclusión social y económica”.

A lo largo del juicio, que ha quedado visto para sentencia, los letrados que han defendido a los vecinos de Pomecia han argumentado que muchos de sus representados solo perciben el Ingreso Mínimo Vital, por lo que el derribo de su casa supondría dejarlos sin hogar. Han denunciado que algunos de sus clientes han intentado alquilar una vivienda fuera de Pomecia, si bien su apellido y el estigma de vivir en este barrio se lo ha impedido.

En sus conclusiones, la abogada de Isabel Gorbe ha afirmado que el Ayuntamiento, con su postura, “está incrementando todavía más el hacinamiento del pueblo gitano”, habida cuenta de que sus casas “no reúnen condiciones de higiene”. Ha agregado que el Consistorio “debe cumplir el planeamiento urbano y dignificar la vida de esas personas”.