Agentes de Protección de la Naturaleza (APN) del Gobierno de Aragón sorprendieron el pasado mes de diciembre a varias personas en un furgón de gran tamaño con numerosos ejemplares de sabina rastrera y pino silvestre extraídos sin ningún tipo de autorización administrativa en los montes de la provincia. 

La actuación fue fruto de un operativo conjunto de vigilancia de varios meses por parte de los APN, después de que estos hubieran detectado la extracción ilegal de ejemplares de sabina rastrera (Juniperus Sabina) y pino silvestre (Pinus Sylvestris) en amplias zonas de las comarcas de Gúdar-Javalambre y Maestrazgo.

Además, en otro monte próximo, se localizó un gran acopio de sabinas rastreras, así como la herramienta utilizada para su extracción, preparado para cargar a la llegada del vehículo. En las inmediaciones se observaron plantas sin terminar de arrancar que habían sido desechadas, impidiendo su supervivencia, informa el Gobierno aragonés en un comunicado.

Los responsables de la actividad fueron denunciados y los ejemplares incautados fueron trasladados al Vivero Forestal que el Gobierno de Aragón posee en la localidad turolense de Santa Eulalia, con el objetivo de intentar su recuperación.

En la nota, la DGA explica que la zona afectada está incluida en la Red Natura 2000 y declarada Hábitat de Interés Comunitario por la Unión Europea, debido a la singularidad del lugar como espacio natural y a su alto valor ecológico.

Según indica el Gobierno aragonés, este tipo de plantas, que son extraídas del monte con cepellón y trasplantadas en macetas apropiadas, son vendidas como bonsáis a centros de jardinería, viveros especializados o a aficionados, "quienes en muchas ocasiones desconocen su procedencia ilegal". 

Por ello, los APN recuerdan que toda planta adquirida en un vivero "debe poseer su pasaporte fitosanitario y documentos que certifiquen su procedencia". 

Algunos municipios de la zona tienen autorizado el aprovechamiento de plantas ornamentales, en número muy limitado, y siempre bajo la supervisión de los Agentes de Protección de la Naturaleza, quienes precintan cada ejemplar individualmente para su certificación. "La extracción ilegal supone, por tanto, un daño económico importante para las localidades afectadas", subrayan desde la DGA.