Una vecina de un municipio zaragozano, N. M., que podría haber sido víctima de un delito de usurpación de identidad, se ha visto envuelta en un complejo proceso judicial que dura ya dos años y que podría acarrearle un desembolso de 6.000 euros.

A finales de 2020, la mujer recibió una llamada de una compañía eléctrica comunicándole que había sido demandada por adeudarle casi 5.500 euros correspondientes al consumo de luz de un año de un bar de la localidad turolense La Puebla de Híjar. En las facturas figuraba su nombre, un número de cuenta bancaria inexistente y un teléfono inventado que coincidía con el de otro vecino de Zaragoza, si bien la dirección postal era la del establecimiento de La Puebla de Híjar.

La mujer ha tenido que contratar los servicios de una abogada para defenderse y encargar un informe pericial caligráfico que demostró que la firma que aparecía en el contrato era solo una imitación de la suya. Hubo de personarse en un juicio civil en Zaragoza que ganó y este martes acudió como testigo y acusación particular a la vista oral contra la gerente del bar, C. B., celebrada en la Audiencia de Teruel y que quedó vista para sentencia. 

Aunque ya ha recuperado el importe del informe pericial -1.200 euros- al ser condenada en costas la empresa eléctrica y podría ocurrir algo similar con el resto del dinero, ella ha tenido que adelantar las cuantías. "Han sido dos años de incertidumbre, de desplazamientos y, lo peor, de momentos de gran ansiedad", dice su abogada, Ana Calvera.

En el banquillo de los acusados de la Audiencia de Teruel se sentó este martes la gerente del bar de La Puebla de Híjar. El fiscal pide para ella tres años y medio de prisión por estafa, al entender que endosó las facturas de la luz a N. M. durante todo un año utilizando los datos de su DNI. Solicitó también que sea condenada a pagar una multa de 2.160 euros y a reintegrar a la empresa eléctrica los 5.500 euros que están en juego.

La acusación particular, ejercida por la víctima y en manos de la letrada Ana Calvera, eleva la pena de prisión solicitada para la gerente del bar hasta cinco años y medio. Esta parte acusa a C. B. de estafa, usurpación de identidad y falsedad en documento.

La acusada, por su parte, dijo ser inocente y negó haber usurpado la identidad a alguien. Según subrayó, desconoce cualquier técnica que permita hacer esa operación.

El fiscal encargado del caso, Ángel Julián, alertó de los problemas que ocasiona una deficiente protección de los datos personales y destacó los perjuicios sufridos por la víctima, N. M.