Teruel
Un vecino de Samper de Calanda, acusado de estafar 370.000 euros a 22 clientes de un banco
El fiscal sostiene que imitó la firma de las víctimas en documentos que usaba su entonces esposa al ser agente colaboradora de la entidad financiera
Un vecino de Samper de Calanda, J. M. F. B., fue juzgado este martes por la Audiencia Provincial de Teruel al estar acusado de haberse apoderado de algo más de 370.000 euros pertenecientes a otros 22 residentes en la localidad turolense –ocho matrimonios y seis personas más–, todos ellos clientes del Banco Santander.
El fiscal, al igual que la acusación particular –ejercida por la entidad financiera– sostienen que J. M. F. B. se sirvió de documentos que usaba su entonces esposa como agente colaboradora del Santander en Samper de Calanda para extraer en efectivo diversas cantidades entre septiembre de 2011 y enero de 2016. Para ello, habría rellenado el apartado de ‘reintegro’ en dichos documentos y falsificado la firma de los clientes, acudiendo después a la sucursal que el banco tiene en Híjar para retirar el dinero.
El representante legal del banco declaró ante la Sala de la Audiencia que "había confianza" con el procesado y que fueron los servicios centrales de la entidad los que detectaron "movimientos irregulares" que, a su vez, generaron dudas sobre la autenticidad de las firmas.
Tanto la Fiscalía como la acusación particular piden para el procesado siete años de cárcel, 5.000 euros de multa y que indemnice al banco con 370.000 euros. La entidad financiera repuso inmediatamente las cantidades a sus clientes y se querelló contra J. M. F. B.
El acusado negó este martes haberse apropiado del dinero y dijo no saber dónde puede encontrarse el capital desaparecido, añadiendo que él vive de la ayuda de otras personas. Su abogada pide para él la libre absolución al entender que, a la vista de las pruebas practicadas en el proceso judicial, que este martes quedó visto para sentencia, no ha quedado acreditada su culpabilidad.
Los informes caligráficos, un total de 18, concluyen que las firmas no son de los titulares del dinero y son compatibles con la escritura del procesado.
En el juicio se puso de relieve el largo periodo de tiempo transcurrido desde los hechos, septiembre de 2011 a enero de 2016, hasta la celebración del juicio. Mientras la abogada defensora de J. M. F. B. consideró que se ha producido una dilación indebida, el fiscal encargado del caso afirmó que el tiempo ha sido "proporcional" a las dimensiones y laboriosidad que ha exigido la causa.
Varios de los afectados testificaron en la vista oral, coincidiendo en que el dinero fue extraído de sus cuentas sin su consentimiento. Las cantidades retiradas oscilan entre los 900 y los 154.700 euros.
