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medio ambiente

El Justicia insta al Ayuntamiento de Teruel a controlar el ruido de las perreras que no dejan dormir a vecinos del Arrabal

Pide que se midan las emisiones, pero el concejal de Urbanismo dice que técnicamente no es posible y que no se exige aislamiento sonoro a estas instalaciones.

Un vecino del Arrabal muestra la doble ventana que ha instalado para no escuchar los ladridos de los perros.
Un vecino del Arrabal muestra la doble ventana que ha instalado para no escuchar los ladridos de los perros.
Jorge Escudero

El Justicia de Aragón insta al Ayuntamiento de Teruel a medir "a la mayor brevedad posible" el nivel de ruido que provocan las 10 perreras situadas a las afueras del barrio del Arrabal que motivan protestas vecinales desde hace una década por las molestias que causan. La resolución responde a las quejas por exceso de ruido a "cualquier hora del día o de la noche" presentadas por varios vecinos y también por una comunicad de propietarios en la que residen 70 familias.

El pronunciamiento del Justicia –que está firmado por el lugarteniente de Ángel Dolado, Javier Hernández– pide al Ayuntamiento que, si no dispone de equipos adecuados, recurra a "medios externos" para evaluar las emisiones de las perreras que han motivado las quejas y en las que vive medio centenar de animales. La resolución sugiere también al Consistorio que, hasta que no se proceda a la medición sonora, la Policía Local "levante acta cada vez que sea requerida por los problemas descritos en las quejas".

El Justicia también propone que se aplique la norma de la ordenanza de convivencia ciudadana que establece la posibilidad de limitar el número de animales que pueden tenerse en los domicilios atendiendo a las características del alojamiento y de los animales.

La resolución del Justicia recuerda que recibió quejas de que una decena de perreras situadas a "unos 25 metros" de la urbanización Santa Bárbara del Arrabal provocan "ladridos continuos, muy molestos", lo que impide el descanso de los residentes y provoca "situaciones de estrés y ansiedad". La denuncia vecinal afirma que, aunque han trasladado desde hace 10 años el problema al Ayuntamiento en busca de una solución, no se ha tomado "ninguna medida al respecto".

Los vecinos de la comunidad afectada mantuvieron una reunión con la alcaldesa, Emma Buj, el pasado 2 de septiembre, pero "no se aportó ninguna solución", según la documentación remitida por los quejosos al Justiciazgo.

A las peticiones de información del Justicia, respondieron dos informes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil y de la Policía Local, en los que ambos organismos constataron, tras inspeccionar la zona, que el estado sanitario de las perreras y de los animales que contenían "era bueno". Durante la revisión, realizada en presencia de los dueños de las perreras, los canes "apenas ladraban", según los informes, que no detectaron indicios de cría para la comercialización, una de las sospechas vecinales.

El Justicia argumenta que el ruido excesivo perjudica la "integridad física y moral" de las personas, además de comportar "de modo indirecto" una "limitación del derecho a la inviolabilidad domiciliaria". Señala que el "comportamiento molesto e incómodo" de los animales "altera la pacífica convivencia".

El concejal delegado del área de Urbanismo y Medio Ambiente, Juan Carlos Cruzado, afirma que "técnicamente es inviable" realizar un control de ruido específico de cada perrera porque habría que captar la emisión en la calle sin poder aislar concretamente el sonido procedente de los perros. Cruzado añade que la gran mayoría de las perreras cuestionadas están "legalizadas" y aclara que, al conseguir la autorización, no se incluye, como requisito, el aislamiento sonoro sino que se tienen en cuenta, fundamentalmente, criterios sanitarios.

El concejal señala que la Policía Local ya levanta acta de cada intervención que lleva a cabo con motivo del ruido de las perreras del Arrabal. El edil admite que el conflicto vecinal "es difícil de resolver" mientras las perreras cumplan la normativa que les afecta. Añade que el crecimiento urbano en dirección a las corrales de perros preexistentes ha agravado el problema.

Una fuente vecinal del Arrabal valora "positivamente" la resolución del Justicia, porque supone la primera respuesta institucional que les "hace caso" en su antigua reclamación. Agrega que, si tras la resolución, el Ayuntamiento no interviene, contemplarán la posibilidad de recurrir a los tribunales.

Otro exresidente de la zona explica que tras soportar el ruido de los ladridos optó por trasladarse a otra residencia porque el alboroto de los perros es "insufrible" y "nadie hace nada por solucionarlo". La misma fuente puntualiza que el problema se agrava en verano, porque "no se puede dormir con las ventanas abiertas debido a los aullidos de los animales".

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