Solo un tercio de las 1.063 viviendas ilegales censadas en Teruel son legalizables de acuerdo a los criterios marcados por el futuro Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), cuyo avance se dictaminará este viernes en la Comisión Informativa de Urbanismo para ser aprobado por el pleno del Ayuntamiento a finales de mes. La propuesta del equipo redactor considera "susceptibles de regularizar" 371 casas levantadas irregularmente en el entorno urbano, lo que supone el 35% del total.

El avance de la revisión del PGOU señala que solo se pueden regularizar las construcciones ilegales que constituyen un "núcleo de población" sobre suelos catalogados actualmente como no urbanizables y que no vayan a ser catalogados por el nuevo planeamiento como de "protección especial", unos requisitos que incumplen el 65% de las viviendas irregulares.

La propuesta del nuevo PGOU aclara que se consideran núcleos de población cuando existen tres edificaciones residenciales en un radio de 150 metros y forman un conjunto "susceptible de necesitar servicios urbanísticos y dotaciones comunes".

El avance señala que 337 de las edificaciones que no pueden acogerse a procesos de regularización están "ubicadas en zonas inundables de las llanuras fluviales de las vegas de los ríos Alfambra, Guadalaviar y Turia" y presentan una "manifiesta incompatibilidad" con el modelo urbanístico propuesto por el PGOU para los próximos 20 años.

Las riberas de los ríos son uno de los principales focos de edificación ilegal y, según la oficina redactora del Plan General, 29 casas están situadas en "zona de flujo preferente", lo que significa que el solar se inunda con una periodicidad inferior a un siglo.

El avance da cuenta de la importancia de la edificación ilegal en el entorno urbano con la delimitación de 13 áreas de proliferación de chalés, la más extensa, la denominada Castralvo Norte, aglutina 266 construcciones, de las que 174 son legalizables. Le sigue Teruel Norte –en la zona de Las Viñas–, con 190 casas.

El equipo redactor destaca "la magnitud de las parcelaciones/edificaciones ilegales en suelo no urbanizable que han proliferado a lo largo de la vigencia del PGOU de 1985, y su importante impacto en el modelo territorial".

Las 692 viviendas ilegales e ilegalizables quedan, en el mejor de los casos, en situación de fuera de ordenamiento, lo que limita las obras que pueden efectuarse en ellas a la conservación. Las que han cumplido el plazo de prescripción no pueden ser demolidas, aunque las infracciones por construir en suelo especialmente protegido no prescriben.

Para las legalizables, el proceso de regularización debe partir de los propietarios, que tendrán que asumir los costes de urbanización –tendido de redes, saneamiento y accesos–, además de realizar cesiones de suelo para equipamientos públicos.

El avance plantea la "prohibición" de construir "viviendas unifamiliares en suelo no urbanizable, con objeto de dirigir la demanda hacia los ámbitos ya ocupados". El veto se podría levantar al tercer año de aprobación del nuevo PGOU. 

Ascensores en la calle Valparaíso y el parque de San Antón

Entre los proyectos de equipamientos más destacados que plantea el nuevo PGOU, figuran dos nuevos ascensores entre las calles de Valparaíso y Cuevas del Siete y entre el parque de San Antón y la avenida de Sagunto para mejorar la accesibilidad de la ciudad. Estos enlaces mecánicos complementarán los ya existentes entre el barrio de San Julián y el Centro Histórico y en el Óvalo, además del ya proyectado entre la calle Bajo los Arcos y el Centro Histórico.

El avance presupuesta el ascensor que comunicará el parque de San Antón, en el barrio de San Julián, con la avenida de Sagunto, en el Ensanche, en 1,75 millones de euros. Propone su ejecución en el segundo quinquenio de ejecución del PGOU . Por el contrario, elimina la previsión de PGOU vigente, de 1985, de un elevador junto al Viaducto Viejo. Otro equipamiento previsto es un un parquin en la Ronda de Dámaso Torán con un coste estimado de 9,5 millones de euros.

Nueve metros cuadrados de zona verde por habitante

Respecto a la propuesta de avance que se sometió a las consultas de colegios profesionales, asociaciones de vecinales y alcaldes pedáneos, incorpora dos nuevas zonas verdes junto al río Turia y que estarán situadas entre el tendido ferroviario y el río, por un lado, y en el margen derecho junto al puente de la Equivocación, por otro. Esta mancha verde, de 30.385 metros cuadrados, se suma a otras incorporaciones del PGOU -la principal, el parque de las Arcillas Sur, con 132.595 metros cuadrados, y el Arcillas Norte, con 32.783- y a parques ya existentes hasta totalizar una superficie de 419.126 metros cuadrados y una ratio de 9 metros cuadrados por habitante.

El avance mantiene las previsiones iniciales de diseñar una ciudad compacta al concentrar las cinco manchas de suelo urbanizable para uso residencial en torno a la Vía Perimetral hasta totalizar 2.931 viviendas, que unidas a las bolsas de suelo urbano no consolidado totalizan las 5.972 viviendas nuevas previstas en los 20 años de vigencia del PGOU , de las cuales 611 serían unifamiliares y el resto en bloques.

Cinco bolsas de suelo urbanizable para 2.931 viviendas

El avance prevé un incremento de población del 0,47% anual para pasar de los 35.691 de 2018 a 39.606. Contempla un sobrante de 1.518 viviendas en las dos décadas de vigencia del PGOU. La principal mancha residencial en suelo urbanizable, denominada Aljezares, se localiza en el extremo oriental de la Vía perimetral y contará con suelo para 1.181 viviendas, seguida de San Julíán este con 766, Ollerías del Calvario con 381, Arrabal este con 312 y la ampliación de Las Viñas con 291 -en este caso todas son unifamiliares-.