El Ayuntamiento y la DGA quieren que el PGOU esté listo esta legislatura

El Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Teruel trabajarán conjuntamente para que el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la ciudad sea una realidad en esta legislatura municipal. El acuerdo, sin precedentes en la Comunidad Autónoma, tiene por objetivo poner fin a la compleja situación urbanística de la capital turolense, que evoluciona con un planeamiento de hace casi 35 años tras dos intentos fallidos de revisión del documento que costaron a las arcas públicas medio millón de euros.

Ante el prolongado bloqueo en la renovación del plan de ordenamiento, el Ayuntamiento ha tenido que llevar a cabo un centenar de modificaciones aisladas, sin que exista un texto refundido, lo que ha creado inseguridad jurídica a la hora de llevar a cabo determinadas actuaciones. El documento vigente, además, se apoya en un cartografiado deficiente y en una ley del suelo preconstitucional, por lo que resulta muy anticuado y difícil de controlar.

Así lo destacó este viernes en Teruel el consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda del Gobierno aragonés, José Luis Soro, quien firmó el convenio de colaboración junto con la alcaldesa de la ciudad, Emma Buj. Soro subrayó que la DGA "acompañará" al Ayuntamiento turolense en la redacción del nuevo PGOU apoyándole técnica y jurídicamente e interviniendo, cuando sea necesario, a través de grupos de trabajo específicos. "Esta vez hay que conseguir la aprobación definitiva del plan", resaltó el consejero.

Buj, por su parte, expresó su confianza en que este tercer intento de renovar el PGOU "sea el definitivo" y pidió a la DGA "que priorice la tramitación y elaboración de una documentación que afecta a todos los ciudadanos de Teruel". El Consistorio decide el modelo de ciudad que quiere y pone los medios económicos necesarios para elaborar el nuevo PGOU, pero su aprobación definitiva depende de la DGA.

Soro admitió que uno de los puntos polémicos del PGOU será el relativo a las alrededor de 800 viviendas ilegales que existen en distintos barrios de la ciudad, "un problema –dijo– que es mayor en Teruel que en otros lugares". El consejero señaló que habrá que "afrontar" esta cuestión si bien deberán ser los técnicos los que "hablen". El concejal de Urbanismo de Teruel, Juan Carlos Cruzado, ya adelantó esta semana que el Consistorio intentará regularizar todas aquellas casas levantadas sin licencia en las que esta medida sea posible, mientras que sobre el resto pesará una orden demolición.

Por otro lado, Soro se mostró inamovible en su decisión de no subvencionar el autobús regular Teruel-Madrid, pese a la reivindicación de la empresa gestora, IRB, que alega falta de rentabilidad del servicio. El consejero afirmó que este transporte no es competencia de la DGA, al tratarse de una concesión del Gobierno central.

Buj y Soro sellan el acuerdo con un apretón de manos en presencia de otras autoridades. jorge escudero