Pérez Cebrián preside la CEOE de Teruel y deja la dirección de la Caja Rural

El director general de la Caja Rural, José Antonio Pérez Cebrián, ha sido elegido este miércoles presidente de la CEOE-Teruel al frente de la única candidatura presentada para relevar a Carlos Torre. Pérez Cebrián, que anuncia una política "continuista" en la patronal, adelanta que en el plazo máximo de tres meses dejará la dirección de la entidad financiera turolense. En la misma asamblea, han sido reelegidos presidentes de Cepyme y de la Confederación de Autónomos Juan Ciércoles y Juan Carlos Escuder, respectivamente.

José Antonio Pérez Cebrián ha dicho que asume el cargo por invitación del actual comité ejecutivo y al disponer de más tiempo para esta labor ante su inminente jubilación, prevista para el próximo 1 de agosto. Ostentará la presidencia de la patronal por cuatro años y descarta un segundo mandato.

El líder patronal ha defendido la unidad de acción mantenida por la CEOE y el resto de agentes sociales de la provincia en defensa de las infraestructuras necesarias para su desarrollo al igual que la demanda de ventajas fiscales y políticas inversoras que reviertan la despoblación. Ha señalado que "el 70%" de los pueblos de la provincia tienen un futuro difícil, pero considera que el resto pueden tener una oportunidad con medidas de estímulo económico generadoras de empleo que cuenten con el tejido empresarial del territorio.

El dirigente patronal se ha adherido a las reivindicaciones de la provincia empezando por la necesidad de generar alternativas al carbón y la producción eléctrica en Andorra tras el cierre de la térmica de Endesa en junio de 2020. También aludió a la necesidad de ejecutar la A-68, la A-40, la autovía Monreal del Campo-Alcolea y el eje Cantábrico-Mediterráneo.

Ha dicho compartir la campaña en favor de la España Vaciada. A su juicio, una buena fórmula de dinamizar la economía y el empleo en la provincia pasa por fórmulas como la agencia de desarrollo que ha revitalizado la demografía de Escocia "trabajando desde la base". Ha reconocido, no obstante, que mecanismos financieros específicos de Teruel, como el Fite o el Plan Miner, no han sido eficaces.

El presidente de la CEOE reclamó más "sensibilidad" del Gobierno aragonés con la provincia a la hora de canalizar la inversión privada. Ha señalado que le produjo "urticaria" que de las 600 empresas catalanas deslocalizadas a Aragón con el proceso secesionista solo el 2% recalaron en Teruel, que representa el 10% de la población aragonesa y el 33% del territorio.

También ha propuesto, en la línea descentralizadora de la Administración central que preconiza el presidente aragonés, Javier Lambán, que la DGA actué en consecuencia y traslade dos consejerías a Huesca y otras tantas a Teruel –a la capital y a Alcañiz– "con todos sus efectivos". Sería, a su juicio, una medida que favorecería el "reequilibrio" territorial.