Pérez Cebrián dice ser el único perjudicado por la construcción fallida de dos residencias

El director de Caja Rural de Teruel, José Antonio Pérez Cebrián, desvinculó ayer a esta entidad financiera de cualquier responsabilidad en el fracaso de la construcción de dos residencias de ancianos en la provincia de Teruel, una en Valderrobres y otra en la capital. Ambos proyectos han acabado en los tribunales después de que dos de los socios de la empresa creada para ejecutarlos, Argo Navis, se hayan querellado contra la Caja Rural y la constructora –Construcciones Vicente Pérez–, a cuyos responsables acusan de haber desviado más de 4 millones de euros de los fondos destinados a las obras a través de una trama de descuentos de pagarés sin causa económica real.

Pérez Cebrián, que este lunes acudió a declarar ante el juez, afirmó que la única perjudicada en este proceso ha sido la entidad bancaria, que fue la que proporcionó la financiación para construir las residencias. "La Caja Rural de Teruel tiene sin cobrar de esos señores 8 o 9 millones de euros, que es todo lo que les he prestado. ¿Quién ha perjudicado a quién?", manifestó. Agregó que el banco turolense no tiene "absolutamente nada que ver" con esos pagarés que, presuntamente, no respondían a avances en las obras. Según dijo, esos documentos son "un tema entre el constructor y el cliente", quienes –destacó– estaban en el consejo de administración de Argo Navis.

El director de Caja Rural de Teruel afirmó que los socios de Argo Navis "vendieron las residencias y yo no he visto un euro de esa venta para pagar los préstamos". "No he perjudicado a nadie –insistió–, me deben algo y me lo tienen que pagar".

Junto a José Antonio Pérez Cebrián prestaron declaración ante el juez el constructor Tomás Pérez, la hermana de este, así como dos cargos intermedios de Caja Rural de Teruel. Los querellantes atribuyen a todos ellos los delitos de estafa, apropiación indebida, administración desleal, falsedad documental y delito societario.

Instantes antes de entrar al despacho del juez, Tomás Pérez, cuya constructora era la encargada de levantar los dos edificios residenciales, declaró a los medios de comunicación que la querella interpuesta contra él y cuatro personas más por una parte de los socios de Argo Navis es "una cortina de humo" para "esconder todas las operaciones, digamos, oscuras que hicieron" e intentar paralizar el concurso de acreedores instado sobre la empresa promotora.

David Pedrajas, uno de los empresarios querellantes, afirmó, por su parte, que, frente al coste de 7 millones de euros previsto inicialmente para construir ambas residencias, las obras precisaron un total de 11,5 millones. Esta parte considera que la diferencia ha ido a enjugar "la deuda que Tomás Pérez tenía previamente con la Caja Rural de Teruel". La residencia de Valderrobres está ejecutada al 65% mientras que la de Teruel, cuyo proyecto incluía rehabilitación del edificio existente y ampliación, fue vendida cuando solo se había hecho la rehabilitación.

Según Pedrajas, la "detracción" de fondos de las obras se habría conseguido con un "sistema de descuento de pagarés ficticios", también conocido como "papel pelota", que no se correspondería con las obras de las residencias "y que no puede hacerse si la entidad financiera no está de acuerdo". Tras las declaraciones de los querellados, la instrucción de la causa se encuentra en su última fase.