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Un trámite bloquea la apertura de una residencia que crearía 30 empleos

El centro, en Gea de Albarracín, lleva dos años terminado, pero está pendiente de que el Gobierno central valide la inversión realizada en 2017 con ayuda del Fite.

Tres niños contemplan el antiguo convento de Gea de Albarracín, ahora convertido en residencia.
Tres niños contemplan el antiguo convento de Gea de Albarracín, ahora convertido en residencia.
Jorge Escudero

Un trámite administrativo tiene bloqueada la apertura en Gea de Albarracín de una residencia de 59 plazas para personas con discapacidad cuya puesta en marcha generaría 30 empleos dando vida a una zona muy castigada por la despoblación. El centro, promovido por la Fundación Cruz Blanca, está totalmente terminado desde hace dos años tras una inversión de 1,5 millones de euros, pero cerrado a cal y canto por culpa de la complejidad de la burocracia.

La residencia ocupa un antiguo convento capuchino con 250 años de antigüedad que ha sido rehabilitado íntegramente y equipado para su nueva función con aportación económica de la Fundación Cruz Blanca y de la Administración pública. Esta última ha contribuido a través del Fite, el Fondo de Inversiones de Teruel, una herramienta financiera dotada anualmente con 60 millones de euros que pagan a partes iguales el Gobierno central y la DGA y que tiene como objetivo impulsar proyectos que contribuyan al desarrollo de la provincia.

En concreto, la residencia no ha conseguido todavía la licencia de actividad que tiene solicitada desde hace dos años al Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales del Gobierno aragonés. Desde la Fundación Cruz Blanca critican el retraso y aseguran que, por su parte, han sido presentados todos los documentos necesarios y atendidos todos los requerimientos de la DGA, cuyos servicios técnicos ya habrían inspeccionado el edificio.

Sin embargo, fuentes de la Consejería de Ciudadanía y Derechos Sociales explicaron este lunes que no podrán conceder la licencia de apertura a la residencia de Gea de Albarracín hasta que el Gobierno de España reconozca o valide la justificación que la fundación solidaria hizo de la ayuda del Fite que recibió en 2017, un trámite para el que no hay un plazo previsto hoy por hoy. "No depende de nosotros", argumentaron desde la DGA.

La coordinadora de la Fundación Cruz Blanca en Aragón, Ana Laliena, a la que la propia consejera de Servicios Sociales, María Victoria Broto, comunicó este lunes cuál es el trámite que está pendiente, expresó su "sorpresa y tristeza" por la situación en que se encuentra el centro. "Creemos que estas gestiones deberían agilizarse porque se trata de dar servicio a 59 personas que lo necesitan", subrayó Laliena. A su juicio, ha habido "un vacío de respuesta administrativa", pues "nadie nos había explicado hasta ahora que se trataba de una cuestión relacionada con la ayuda del Fite".

El responsable de Cruz Blanca en Aragón, Juan Vela, denunció que la fundación "lleva dos años esperando la autorización para abrir la residencia, cuando un bar puede conseguir el permiso en seis días". Coincidió con Laliena en que "ha faltado una respuesta y, por tanto, se ha producido una indefensión" y calificó de "incomprensible" el retraso. En su opinión, la Administración debe ser "eficiente", especialmente cuando su labor atañe a iniciativas sociales.

El alcalde de Gea de Albarracín, Manuel Alamán, reclamó que la residencia "se abra cuanto antes", para que vecinos de la localidad –380 habitantes– y de municipios cercanos puedan acceder al empleo. "Necesitamos fijar población", subrayó. El primer edil recordó que en los últimos 12 años se han perdido 100 vecinos y que las actividades tradicionales en la zona, la agricultura y la ganadería, están en retroceso. "Proyectos como el de la residencia deberían agilizarse, pero en lugar de eso se dificultan", criticó.

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