La revisión del Catastro detecta 1.200 edificios que no pagan el IBI que les corresponde

La revisión del Catastro de Teruel ha detectado en torno a 1.200 irregularidades por edificaciones que no están dadas de alta o que han sido reformadas o ampliadas sin comunicarlo. El principal objetivo de esta actualización, llevada a cabo a partir de fotos aéreas del término municipal, es que todas las construcciones paguen el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) que les corresponde.

El Catastro se dispone a notificar a los propietarios las irregularidades detectadas para que presenten las alegaciones que consideren oportunas. La revisión afecta a la ciudad y a sus diez barrios rurales y a todo tipo de edificios –desde viviendas a corrales pasando por piscinas– que no han sido dados de alta.

La gerencia del Catastro cobrará 60 euros a cada propietario por los gastos derivados de la inscripción de los edificios, pero el principal coste será por la liquidación del IBI correspondiente a los últimos cuatro años, como máximo. El Ayuntamiento valoró positivamente la actualización cuando fue anunciada por la alcaldesa, Emma Buj, y el gerente territorial del Catastro, Virgilio Martínez, en mayo de 2017.

Desde el Ministerio de Hacienda señalaron que el proceso de revisión es muy "complejo" y, en el caso de Teruel, no se resolverá hasta finales de 2017 o principios de 2018, como pronto. La misma fuente señaló que la capital forma parte de una última remesa de 35 municipios turolenses en los que se trabaja desde 2016 y que completará toda la provincia.

Un portavoz del Ministerio de Hacienda señaló que el número de alegaciones recibidas en otros municipios es "mínimo". Añadió que el proceso, que se puso en marcha en 2014, afecta a toda España. Esta operación, lanzada por el Gobierno central para incrementar la recaudación de los ayuntamientos, parte en todos los casos de fotos aéreas de los términos municipales.

El Ayuntamiento de Teruel ya declaró la guerra a los propietarios de inmuebles que eludían el pago del IBI y realizó en 2009 un barrido en busca de edificaciones no declaradas en el Catastro y que, por lo tanto, no cotizaban. El problema entroncaba con la proliferación de viviendas ilegales en la ciudad y su entorno.

En una primera fase, centrada en el suelo urbano, el Ayuntamiento detectó a partir de fotos aéreas contratadas por su propia cuenta 308 construcciones que no cotizaban. La información fue remitida al Catastro para que efectuara las correspondientes valoraciones, que sirven de base para aplicar el IBI. La investigación continuó entonces por el suelo no urbano hasta totalizar 800 edificios que no pagaban el impuesto. El Consistorio estimó el ingreso extra derivado de pasar estos recibos en 600.000 euros al año, en concepto del ejercicio en curso y de los atrasos de hasta cuatro años.

La gerencia del Catastro y el Ayuntamiento acordaron colaborar para completar la revisión en curso. La alcaldesa señaló que la actualización servirá para que "todos los ciudadanos sean tratados por igual" y abonen el IBI que les corresponde.

Este impuesto no se incrementará en 2018, según la propuesta de revisión de las ordenanzas fiscales que defiende el equipo de gobierno, del PP. Es el tributo más productivo para las arcas municipales, con una previsión de recaudación de 7,8 millones de euros en 2017.

Al presentar su propuesta tributaria para 2018, los populares plantearon una rebaja del tipo impositivo en un 5% para compensar el incremento de la base –el valor catastral del inmueble– que aplicará el Gobierno con la aprobación de los presupuestos. La revisión de los impuestos podría aprobarse en pleno este mismo mes o en noviembre.