El bum turístico del Matarraña ha disparado el interés por edificar casas en plena naturaleza y por rehabilitar antiguas masías. Desde 2008, el Consejo Provincial de Urbanismo ha tramitado 103 solicitudes para construir en suelo no urbanizable o para restaurar edificaciones aisladas. Quince de los expedientes correspondían a proyectos de turismo rural, una actividad emergente en una comarca que ha sido rebautizada como ‘la Toscana aragonesa’.

La proliferación de edificaciones aisladas en plena naturaleza o entre campos de cultivo alarma a la administración ambiental porque desvirtúa el paisaje e incrementa el riesgo de incendios. El Justicia de Aragón avala, no obstante, en un reciente informe los criterios restrictivos aplicados desde 2014 por el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (Inaga) a la hora de autorizar la construcción o rehabilitación de viviendas aisladas en el Matarraña.

Un expediente de oficio abierto por la institución concluye que la imposición de una evaluación de impacto ambiental (EIA) como condición para permitir la edificación de chalés o la restauración de masías destinados a viviendas unifamiliares o al turismo rural responde a la aplicación de un cambio legislativo de 2014 que extrema las medidas preventivas de incendios forestales.

De las 103 solicitudes de autorización para construir o rehabilitar viviendas aisladas en suelo no urbanizable que han pasado por el Consejo Provincial de Urbanismo en los últimos siete años, 54 eran para levantar viviendas unifamiliares y 49 para rehabilitar inmuebles como vivienda. Quince recibieron informes desfavorables.

La mayor parte de los proyectos corresponden a localidades del bajo Matarraña. Cretas se lleva la palma, con 23 expedientes; le siguen Lledó con 18 y Calaceite con 13. La presión edificatoria fuera de los cascos urbanos responde en muchos casos a la demanda de familias extranjeras que buscan un medio rural bien conservado alejado de la ciudad. Este fenómeno ha supuesto en algunos pueblos una importante aportación demográfica, que, por ejemplo en el caso de Arens de Lledó, ha consolidado la escuela.

La obligación de la EIA se deriva, según las resoluciones del Inaga, del incremento de peligro de incendios y de su mayor peligrosidad por la creciente presencia de casas aisladas en el monte, del incumplimiento de las directrices de ordenación comarcales, de afecciones ambientales y de un efecto acumulativo que altera el paisaje tradicional. Tras evaluar la documentación recibida del Departamento de Vertebración del Territorio, el informe del Justicia concluye que la obligación de someter los proyectos de edificación aislada a EIA es consecuencia de la simple aplicación de la legislación.

La obligación de someter los proyectos a EIA ha supuesto un parón en la actividad edificatoria fuera en suelo rústico. El Ayuntamiento de Arrens de Lledó señala en su respuesta al Justicia que, entre 2008 y 2014, tramitó 8 solicitudes que no fue preciso someter a EIA, y 6 de ellas disponen ya de licencia de obras. Por el contrario, los seis proyectos tramitados en 2014 que el Inaga ordena someter a evaluación han quedado en el cajón porque sus promotores no han cumplimentado este trámite.

El presidente de la Comarca del Matarraña, Rafael Martí, considera que si la edificación aislada se lleva a cabo de forma ordenada es "positiva" porque dinamiza la demografía y la economía comarcales. Pero advierte contra el peligro de la "masificación", que pondría en riesgo el principal atractivo del Matarraña. Martí acepta los criterios restrictivos aplicados por la DGA desde 2014, aunque admite que han generado "malestar" en algunos ayuntamientos al frenar la edificación aislada. "Solo son admisibles si las mismas restricciones se imponen en el resto de Aragón", dice.