La Fiscalía de Teruel considera que hay indicios de un delito de prevaricación por parte del Ayuntamiento de la capital en relación a las edificaciones ilegales –muchas de ellas infraviviendas– que se asientan en el barrio de Pomecia, donde se concentra la mayor parte de la población gitana de la ciudad. Por ello, ha remitido su investigación al Juzgado de Instrucción número uno de Teruel a fin de que este órgano judicial abra diligencias previas y depure responsabilidades si es que las hay.

El titular del Juzgado número uno, Juan José Cortés, explicó ayer que "con toda probabilidad" dará curso al proceso iniciado por la Fiscalía de Teruel y pondrá en marcha las actuaciones necesarias para esclarecer lo sucedido, empezando por citar a declarar a una serie de personas todavía sin determinar. Agregó que "lo lógico" es que llame a su despacho a aquellos que en su momento sean propuestos por el Ministerio Público, si bien puede haber variaciones.

La investigación de la Fiscalía se inició meses atrás a raíz de la denuncia presentada contra el Ayuntamiento por la propietaria de la mayor parte del suelo del barrio de Pomecia, Isabel Gorbe, quien acusa al Consistorio de no haber atajado las construcciones ilegales. La denunciante considera que el Ayuntamiento ha sido cómplice y colaborador en el proceso de ocupación irregular de los terrenos.

La denuncia va dirigida contra los responsables municipales desde 2007 hasta la actualidad, lo que afectaría a las alcaldías de Lucía Gómez, Miguel Ferrer y Manuel Blasco (ya fue llamado a declarar por el Ministerio Público). El fiscal ha indagado también acerca de la actuación del exconcejal de Urbanismo Jesús Fuertes –también fue citado– y de un exgerente de la Gerencia de Urbanismo.

La actual alcaldesa de la ciudad, la popular Emma Buj, declinó hacer cualquier tipo de declaración "sobre este u otros asuntos que se encuentren en vía judicial".

Por su parte, Gorbe consideró el martes que el traslado del caso desde la Fiscalía al Juzgado de Instrucción número uno es "el paso lógico a seguir" en un proceso judicial. La denunciante señaló que, al interponer la demanda, "entendía que había indicios de delito y esto (la continuidad del proceso) confirma los argumentos que yo he sostenido desde el principio".Derribo

En concreto, el Juzgado analizará las circunstancias que rodearon a la no ejecución de una orden de derribo de una treintena de viviendas decretada por el propio Ayuntamiento turolense, así como el hecho de que la institución municipal dejara caducar un expediente que obligaba a restaurar la legalidad urbanística en el barrio de Pomecia.

Los problemas en torno al barrio de Pomecia, un poblamiento surgido en los años 60 del siglo pasado que ha crecido al margen de los planes de ordenación de la ciudad, arrancaron hace ya más de 15 años. En 2007, Isabel Gorbe pidió al Ayuntamiento que paralizara una obra que se estaba realizando sin permiso en terrenos de su propiedad, a lo que el Consistorio respondió abriendo un documento de restauración de la legalidad.

En 2008, el Ayuntamiento llevó a cabo en el barrio obras de pavimentación de calles y mejoras en zonas traseras de viviendas y en terrazas, una actuación que fue denunciada ante la Fiscalía en 2010 por Isabel Gorbe al considerar que se habían realizado sobre parcelas de su propiedad sin haberse iniciado siquiera un procedimiento de expropiación. La denunciante añadía que esta intervención amparaba las edificaciones ilegales realizadas durante décadas en sus terrenos.

En 2012, la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Teruel ordenó demoler 29 construcciones del barrio que no tenían licencia, lo que motivó la indignación de sus ocupantes, quienes llegaron a manifestarse en la calle en contra de la medida y aseguraron que no se moverían de sus casas.A los tribunales

El asunto acabó en el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Teruel, que a finales de 2012 consideró que el Ayuntamiento de la capital turolense debía cumplir el decreto que él mismo había dictado un año antes ordenando la demolición de las viviendas ilegales, a las que calificaba de "ilegalizables". No obstante, el Consistorio recurrió ante instancias judiciales superiores el fallo del juzgado turolense y todavía no hay una resolución.