Arrufat y Abril niegan que se desviara «ni un solo euro» del dinero subvencionado al Consejo del Jamón
El expresidente y el exdiputado de la DPT piden a la Audiencia Provincial que archive la investigación contra ellos.
Arrufat y Abril realizan esta afirmación a través de sus abogados, Miguel Ángel Lou y Manuel Gómez Campos, quienes ayer elevaron sendos recursos a la Audiencia Provincial solicitando el archivo de la investigación abierta por el Juzgado de Instrucción número tres contra sus defendidos. Los dos imputados niegan así que cometieran malversación de caudal público y señalan que a lo largo de todo el procedimiento judicial no se han encontrado indicios de lo contrario. Junto a la de Arrufat y Abril, se pide también la desimputación del jefe de los Servicios Agropecuarios de la DPT.
El escrito de Arrufat y Abril se suma al presentado el pasado miércoles por la Fiscalía. El Ministerio Público también solicitó a la Audiencia el sobreseimiento de la causa en lo que respecta a los dos investigados y, por extensión, al resto de los diputados provinciales que en dos plenos de 2010 y 2011 votaron a favor de conceder tres ayudas al Jamón que no estuvieron bien justificadas en opinión del perito y cuya aprobación suponía levantar los reparos que había puesto el interventor, al no existir en la DPT un plan estratégico de subvenciones.
Los abogados cuestionan el trabajo del perito, que dicen habría elaborado su informe sin disponer de toda la documentación existente. El defensor de Arrufat, Miguel Ángel Lou, tildó de "kafkiano" el proceso judicial y dijo que las cuestiones analizadas por el Juzgado "son de pura contabilidad, pero no tienen carácter penal;_podrá haber errores, pero no delito".
El abogado de Abril, Gómez Campos, defendió, en contra de la opinión del juez instructor, que la Diputación tiene competencias para conceder subvenciones a los consejos reguladores de denominaciones de origen, pues la ley atribuye a la institución potestad para cooperar en el fomento de los intereses de la provincia. Los abogados sostienen, además, que no hubo prevaricación en la votación a favor de levantar los reparos del interventor, pues este no habría advertido de la imposibilidad de realizar dicho acto.
Plan estratégico de ayudas
