Podemos siguió ayer en su posición de exigir responsabilidades políticas a aquellos cargos que hayan sido imputados (investigados según la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal) y ayer hizo lo propio con la diputada y secretaria primera de la Mesa de las Cortes de Aragón y alcaldesa de Alcorisa, la socialista Julia Vicente, a la que el juez ha citado a declarar el próximo viernes, 20 de noviembre, a las 8.30. Debido a sus funciones en el Parlamento aragonés, Vicente está aforada. Sin embargo, fuentes del TSJA aclararon ayer que el juez puede llamarla a declarar en calidad de investigada en esta fase de diligencias previas y sin que pueda adoptar ninguna medida sobre su situación personal. De mantenerse su imputación, el Juzgado deberá inhibirse en la causa a favor del TSJA.

El magistrado imputa a Vicente un delito de prevaricación y otro de malversación de caudal público en el marco de las diligencias abiertas por presuntas irregularidades en la concesión de ayudas de la Diputación Provincial de Teruel (DPT) en 2010 y 2011 –cuando ella era vicepresidenta segunda– al Consejo Regulador del Jamón.

La formación morada emitió ayer noche un comunicado en el que consideraba que "Julia Vicente debe ser apartada inmediatamente de sus cargos si es imputada". Y añadía que esta medida "debería ser adoptada por el PSOE para demostrar su voluntad de cumplir los compromisos firmados con Podemos en el acuerdo de investidura". Podemos subraya en la nota que el decálogo de investidura recoge "de forma clara" este extremo y que el objetivo es "garantizar la transparencia en la gestión pública mientras la investigación judicial sigue su curso de forma independiente". Por su parte, el PSOE-Aragón no quiso ayer hacer declaraciones sobre el asunto.

Con Vicente, ya son 3 los socialistas turolenses que se han visto envueltos en los últimos días en la confrontación entre PSOE y Podemos por el cumplimiento del punto del decálogo suscrito por ambos que habla de apartar temporalmente de sus funciones a los cargos imputados. El primero fue el delegado territorial de la DGA en Teruel, Antonio Arrufat, quien dimitió tras ser investigado por el caso del Jamón. El segundo fue el alcalde de Calanda, José Ramón Ibáñez, llamado a declarar por las supuestas irregularidades que investiga el Juzgado de Alcañiz en la urbanización del polígono industrial La Fuensalada. Ibáñez se niega a dimitir pese a la presión de Podemos.

Junto a Julia Vicente, con quien en todo el día de ayer no pudo contactar este periódico, el juez del Juzgado de Instrucción número 3 de Teruel, Jerónimo Cano de Lasala, ha llamado a declarar, también en calidad de investigado, al aragonesista Inocencio Martínez, vicepresidente primero de la DPT en 2010 y 2011 y ahora consejero de la Comarca de Albarracín. Martínez dijo sentirse "muy sorprendido" por la citación del juez y explicó que si votó a favor de aprobar determinadas ayudas al Jamón fue porque estas llegaban al pleno con el dictamen favorable de la comisión de Agricultura y Medio Ambiente "y porque en ningún momento el interventor advirtió de que existieran reparos".

En su providencia, el juez explica que la imputación de Vicente y Martínez se produce al estimar "debidamente fundada" la petición de la Fiscalía, y entendiendo que la imputación deberá hacerse extensiva al resto de diputados que en los plenos del 26 de febrero de 2010 y 25 de febrero de 2011 votaron favorablemente a la aprobación de las ayudas al Jamón que han sido cuestionadas por un perito.

Así, podrían ser citados a declarar los otros 21 diputados provinciales –de un total de 25– de la legislatura 2007-2011. Se sumarían a los 19 investigados que existen desde que se abrieran las diligencias para esclarecer supuestas ilegalidades en el Consejo del Jamón hace casi dos años.