Arrufat declara como imputado por el caso 'Jamón de Teruel'

El expresidente de la DPT afirma que las subvenciones fueron aprobadas legalmente.

Antonio Arrufat, en su despacho en la Delegación Territorial del Gobierno de Aragón.
Antonio Arrufat, en una imagen de archivo.
Jorge Escudero

El expresidente de la Diputación de Teruel (DPT), el socialista Antonio Arrufat, ha sido citado a declarar este lunes por la mañana como imputado por el Juzgado de Instrucción número 3 de Teruel que investiga posibles irregularidades en la gestión del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Jamón de Teruel.


A petición del fiscal, el juez instructor le imputa malversación de caudales públicos y prevaricación, delitos por los que también ha sido imputado el exdiputado provincial Francisco Abril Galve, del PAR, quien declarará ante el juez el 13 de noviembre.


Las imputaciones se han efectuado tras analizar y valorar las declaraciones del pasado 22 de octubre de los interventores de la Diputación de Teruel y del jefe del Servicio Agropecuario y diferentes informes, entre ellos uno de la Cámara de Cuentas.


Antonio Arrufat dijo que las subvenciones concedidas por la institución al Consejo Regulador de la Denominación de Origen (CRDO) Jamón de Teruel, el asunto que investiga el juez, fueron legales y no fueron una "decisión unilateral" del presidente, sino aprobadas por órganos colegiados.


"No hay ninguna decisión unilateral" del presidente, ha asegurado el político socialista, que ha explicado que la orden de pago final debe ir firmada por el interventor, el secretario y el presidente.


Ha recordado que las subvenciones investigadas estaban destinadas a la promoción del producto y que la Diputación no solo apoya a través de esta línea de subvenciones al jamón sino también a otros Consejos Reguladores y asociaciones de productos de calidad.


En este proceso, ha recordado, el interventor manifestó "reparos al procedimiento, no al pago", al carecer la Diputación de una normativa general de subvenciones, pero la situación "se resuelve por indicación de los técnicos con un acuerdo del pleno, que es legal", ha sentenciado.


En todo caso, Arrufat ha resaltado su voluntad de colaborar con la Justicia. 

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