El juez imputa en el caso del Jamón a Arrufat, expresidente de la DPT, y al exdiputado Abril

El juez que investiga si hubo irregularidades económicas en la gestión del Consejo Regulador de la Denominación de Origen (CRDO) Jamón de Teruel en el periodo 2009-2013 ha imputado en la causa al expresidente de la Diputación Provincial de Teruel (DPT) y actual delegado de la DGA en Teruel, Antonio Arrufat, y al exdiputado provincial Francisco Abril.

Los dos han sido citados a declarar en el Juzgado la próxima semana. Antonio Arrufat lo hará el próximo lunes día 9 a las 8.30 y Francisco Abril el día 13 a la misma hora. El instructor considera procedente la imputación de ambos por los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos, según informó ayer el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA).

La imputación se produce a petición del fiscal y después de que el juez analizara y valorara las últimas pruebas practicadas, en las que se incluyen las declaraciones el pasado 22 de octubre de dos interventores de la DPT a los que les fue levantada la imputación momentos antes de que ofrecieran su testimonio. El magistrado tiene en cuenta también la versión del jefe de los Servicios Agropecuarios de la Diputación de Teruel, otro de los imputados en las diligencias abiertas para esclarecer lo ocurrido.

El TSJA indica que se llama a declarar en calidad de imputados a Arrufat y a Abril tras el estudio del informe pericial, los informes de intervención y el informe emitido por la Cámara de Cuentas de Aragón. Estos documentos hacen referencia a la concesión de tres subvenciones al Consejo del Jamón por parte de la Diputación turolense que un perito considera mal justificadas. La cuantía total ascendía a 68.000 euros y el perito no las dio por buenas al estar incompleta la documentación entregada por la institución del Jamón o tener errores.

Según fuentes cercanas al caso, los dos interventores a los que les fue retirada la imputación habrían puesto reparos a la concesión de esas ayudas. De hecho, el pasado 26 de octubre, el juez instructor pidió a la Diputación de Teruel que, a la mayor brevedad posible, aportara a la causa sendos informes en los que se precisara quiénes eran los miembros del pleno que asistieron y votaron a favor de levantar las observaciones formuladas por uno de los interventores en la fase de aprobación de las subvenciones. El magistrado pedía también otro documento acerca de la estructura y directorio de los Servicios Agropecuarios durante los años 2009-2014.

Antonio Arrufat manifestó ayer a este periódico estar "con la conciencia muy tranquila". Explicó que las convocatorias de subvenciones y la posterior concesión de las mismas "es una decisión colegiada de todo el pleno después de un proceso administrativo reglado". "Creo –continuó– que lo he hecho todo correctamente y que he obrado en consecuencia".

Arrufat, que dijo no haberse visto sorprendido por la imputación a la vista de la evolución del proceso judicial, destacó que, como presidente de la Diputación, siempre dio el visto bueno a la concesión de subvenciones "después de todas las aprobaciones pertinentes, entre ellas las firmas del interventor y el secretario". La firma de Antonio Arrufat figuraba en los expedientes de las subvenciones ahora cuestionadas con el epígrafe ‘páguese’.

Podemos Aragón pidió ayer explicaciones al presidente aragonés, Javier Lambán, al hilo de esta imputación al tratarse de alguien "de su máxima confianza". La formación violeta recordó que, en el decálogo de investidura, el PSOE se comprometió a que "en el caso de una imputación, se suspendería de funciones a la persona imputada". Por ello, exigieron al PSOE que cumpla y que Arrufat sea apartado.

En la misma línea que Arrufat, Francisco Abril declaró ayer que, a su juicio, obró "correctamente". "Yo solo quiero colaborar con la Justicia y que se esclarezca todo", subrayó. El que fuera diputado de la DPT en el periodo investigado criticó haber tenido noticia de su imputación por los medios de comunicación. "Mejor hubiera sido que nosotros hubiéramos conocido la situación antes que otras personas", señaló. Abril declinó dar más explicaciones hasta que declare ante el juez el próximo 13 de noviembre.

Con Antonio Arrufat y Francisco Abril son 17 las personas imputadas por posibles irregularidades económicas en la gestión del Jamón. Entre ellos figuran el presidente y los vocales del Consejo así como el gerente y trabajadores de esta institución entre 2009 y 2013. Tras casi dos años de investigación, la instrucción sigue abierta. El juez quiere averiguar si hubo "corruptelas" en el seno del CRDO y si las subvenciones recibidas por esta institución estuvieron bien concedidas.