Los empleados de la empresa adjudicataria del transporte urbano en Teruel, Jiménez S.A., han comunicado su intención de acudir a la huelga a partir del 2 de marzo en protesta por la situación laboral que arrastran desde hace tres años "y que, lejos de mejorar, empeora".

Los trabajadores llevan tres años "soportando" retrasos en el pago de las nóminas y, a esta situación, se suma ahora el impago de dos mensualidades, han explicado.

Además, el secretario responsable de Carreteras y Transporte Urbano de UGT Aragón, Eugenio Novella, ha advertido de que en estos momentos los empleados viven en un estado de incertidumbre, ya que "hay en marcha un nuevo concurso de adjudicación del servicio de bus urbano y nadie sabe qué va a pasar con estos trabajadores", si podrán permanecer en sus puestos o si la nueva compañía contratará personal.

Mientras tanto, la empresa sigue prestando el servicio en la capital dado que el contrato con el Ayuntamiento sigue vigente. Sin embargo, el servicio continúa siendo deficitario y, por lo tanto, la empresa adjudicataria sigue acumulando deuda. "La deuda la pagan al final los trabajadores, porque la empresa no recortará en combustible o en Seguridad Social, recorta en el empleado", ha opinado Novella.

Así, "y dada la situación que viven los conductores y el resto del personal", los trabajadores han anunciado que comenzarán una huelga el 2 de marzo con paros que afectarán a las dos primeras horas del servicio de cada conductor, es decir, entre las 7.20 y las 10.20 y entre las 15.00 y las 17.00 horas. También el personal de talleres y de oficina se suma a la movilización hasta que la empresa resuelva los problemas. La huelga incluye al servicio de autobús interurbano.

Por su parte, el Ayuntamiento continúa el proceso de selección de una nueva adjudicataria. El último movimiento fue pedir, a finales de enero, a las candidatas ciertas aclaraciones sobre sus propuestas y sobre la argumentación de los gastos. Las empresas, La Veloz SA, del grupo Samar, y Corporación Española de Transporte optan en estos momentos a prestar el servicio en la capital.

El anteproyecto de explotación establecía en 418.000 euros la subvención máxima anual que abonará el Ayuntamiento a la empresa concesionaria, mejorando el límite anterior de 356.000 euros. Una vez decidida la adjudicataria, se establecerá un proceso para cambiar los autobuses y estudiar las líneas de bus, con el fin de lograr un mejor resultado sin perjudicar al usuario.