Un total de 190 medicamentos han sido objeto en Aragón de la llamada distribución inversa, un procedimiento ilegal por el cual las farmacias venden medicinas a almacenes mayoristas que los comercializan en otros países de la Unión Europea para beneficiarse de la diferencia de precios entre los distintos estados miembros.

Esta fuga de medicamentos estaría en el origen del desabastecimiento que algunas boticas han sufrido en los últimos años. La DGA advierte de que algunas de esas 190 medicinas se emplean para tratar enfermedades graves, como el cáncer, la epilepsia o determinadas dolencias cardiacas, por lo que su falta supone un grave riesgo para la salud pública, al implicar que los pacientes no tengan la medicación necesaria en el momento oportuno.

Las sospechas de que en la Comunidad autónoma se exportaban medicamentos de forma ilícita dio lugar a una investigación judicial a cargo del Juzgado de Instrucción número 3 de Teruel, aún en marcha, que ha permitido desarticular una presunta trama dedicada al tráfico ilegal de medicamentos para su exportación en la que se habrían visto envueltas 15 farmacias de Teruel y Zaragoza, así como varios almacenes de diversas provincias españolas.

Un problema grave

La Administración autonómica señala que el problema es muy grave, ya que se crean "lagunas terapéuticas" que obligan a importar medicamentos a través de la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios, AEMPS. En estos casos, la dispensación de las medicinas se realiza en los hospitales públicos o privados, con menor accesibilidad al medicamento y con una adquisición más complicada y cara.

La DGA alerta también de que los medicamentos pierden su garantía de calidad en cuanto su comercialización sale fuera de los cauces legales, convirtiéndose en un producto falsificado de dudosa fiabilidad. Ello se debe a que, al abandonar el canal farmacéutico, dejan de existir los controles que aseguran las características del producto sanitario hasta la dispensación al paciente.

La Administración autonómica sostiene que, si bien la distribución inversa no constituye una conducta directamente encaminada a dañar la salud de las personas, como puede ocurrir con el tráfico de drogas y estupefacientes, "sí genera un peligro abstracto para la salud y la vida de las personas".

La DGA añade que la distribución de medicamentos entre los países que forman la Unión Europea es legal, pero en España únicamente pueden disponer de autorización para esta actividad los almacenes mayoristas y los laboratorios, mientras que la participación de las farmacias en esta actividad, con ánimo de lucro, no está permitida por el ordenamiento jurídico además de tener consecuencias graves para la salud pública.

La investigación judicial se ha saldado, por el momento, con una treintena de detenidos entre farmacéuticos, médicos, propietarios de almacenes y comerciales de estos últimos establecimientos. De entre todos ellos, siete personas han ingresado en prisión preventiva, si bien en la actualidad ninguno permanece encarcelado, al haber pagado la fianza establecida o haber acordado la Audiencia Provincial su salida de la prisión. El Juzgado no descarta en fechas próximas derivar el asunto a la Audiencia Nacional, al afectar a varias provincias españolas y también debido a la magnitud que ha alcanzado la causa.