Aragón, Asturias y Castilla y León mantendrán sus posiciones de defensa de la actividad extractiva del carbón en aquellas empresas mineras que sean competitivas en 2018.

Las tres Comunidades se plantean la posibilidad de recurrir el reciente auto del Tribunal General de Justicia Europeo en el que este órgano inadmite el recurso conjunto que interpusieron en 2011 contra la reglamentación del Consejo Europeo de ayudas públicas al carbón establecida en la Decisión 2010/787/UE, de 10 de diciembre de 2010, relativa a las ayudas estatales destinadas a facilitar el cierre de minas de carbón no competitivas.

El motivo que fundamentó el recurso de las tres Comunidades en 2011 fue considerar que las ayudas que otorguen los Estados han de estar vinculadas a la competitividad de las explotaciones y no únicamente a su cierre. La Decisión del Consejo Europeo recurrida podría ocasionar precisamente que más allá de 2018 las minas hayan de cerrar incluso siendo competitivas y viables sin ayudas públicas.

Las tres Comunidades solicitaron al Tribunal General de Justicia Europeo que declarase la nulidad parcial de la Decisión 2010/787/UE, concretamente la de las disposiciones relativas a la obligación de que las minas devuelvan las ayudas si no cierran en 2018 y las que vinculan la recepción de ayudas al cierre de la actividad minera.

Tras valorarlo no se pidió la nulidad total de la Decisión para no dejar sin amparo legal las ayudas del Estado que reciben las distintas unidades de producción minera.

El Tribunal inadmite ahora este recurso "sin entrar a valorar el fondo de la cuestión y argumentando básicamente que las disposiciones recurridas y cuya anulación se pide son esenciales en la Decisión 2010/787/UE, de modo que su eliminación la alteraría completamente o supondría en la práctica sustituirla por una Decisión diferente", han indicado desde el Departamento de Industria del Ejecutivo aragonés en una nota de prensa.

Aragón, Asturias y Castilla y León continuarán defendiendo la viabilidad de una minería competitiva más allá de 2018 e instan al Gobierno de España "a incrementar la defensa política de la continuidad de las empresas mineras competitivas más allá de 2018, ya que el Ministerio de Industria, Energía y Turismo se comprometió a defender esta postura ante la Unión Europea".

Además, los tres Gobiernos autonómicos consideran que debe seguirse manteniendo una línea de defensa jurídica, "dado que el carbón es una reserva estratégica que garantiza el suministro eléctrico en un territorio como España que tiene una alta dependencia energética de terceros países y en el que una parte importante de la demanda únicamente puede cubrirse con generación térmica".