El consejero de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes del Gobierno de Aragón, Rafael Fernández de Alarcón, ha asegurado este miércoles que el Ejecutivo mantiene sus compromisos con el aeródromo de Caudé (Teruel), que quiere desarrollar "sin retrasos" a pesar de los problemas jurídicos que han impedido la firma del convenio con la empresa adjudicataria.

La firma del contrato para gestionar esta instalación, con la empresa francesa Tarmac Aerosave, filial de la multinacional Airbús, estaba prevista para ayer, recuerdan este miércoles fuentes del Ejecutivo, pero ésta ha sido aplazada al plantear la adjudicataria, ayer mismo, la inclusión de una adenda que significaba modificar el contenido del pliego de condiciones en virtud del que fue adjudicado el contrato.

Esta addenda supondría una inversión complementaria y extraordinaria de cuatro millones de euros para la pavimentación de la campa de estacionamiento, de tierra actualmente, y fue firmada por el anterior titular de Obras Públicas, el socialista Alfonso Vicente.

Esta circunstancia ha generado impedimentos legales que obligan a la elaboración de los preceptivos informes jurídicos que puedan avalar la adjudicación definitiva.

Fernández de Alarcón, en declaraciones a los medios en las Cortes antes de comenzar la sesión plenaria, ha insistido en que en la firma de este tipo de contratos de gestión es necesario "ajustarse estrictamente a la legalidad" para "evitar problemas futuros".

En este caso, ha dicho, el "compromiso complementario" al que llegaron la empresa y el anterior Ejecutivo "era contrario al pliego de condiciones".

Solucionarlo requiere, ha agregado, "tiempo y trabajo" que el Gobierno de Aragón está dispuesto a hacer para que el aeródromo de Caudé "llegue a ser una instalación para el desarrollo de la provincia".

El consejero no tiene "nada que objetar" sobre el fondo del acuerdo entre Tarmac y Vicente, pero sí sobre la forma, porque las modificaciones "habría exigido que se paralizara el concurso".

Presupuestariamente ha reconocido que será un "esfuerzo suplementario" asumir esos cuatro millones de euros, pero el nuevo Gobierno "tiene voluntad" de hacerlo, también por una razón medioambiental, para proteger al suelo de los residuos derivados de la actividad de reciclaje de aviones que se pretende implantar.

Así, habrá que evaluar el "coste real" de esa actuación, pero el consejero ha indicado que "no cree" que este asunto dé lugar a un retraso "importante".