En pleno parón de la obra pública, asfixiadas por el recorte impuesto por el Ministerio de Fomento y por las administraciones en general, nueve grandes grupos de empresas buscan un respiradero en el millonario plan de carreteras -el denominado proyecto Red- que les asegura ingresos durante casi cuatro décadas gracias al sistema de concesión a 38 años.

Estos nueve grupos -formados por 34 empresas de las que 19 son aragonesas- han presentado un total de 21 ofertas a los ocho sectores en los que se divide el plan y que se corresponden con ocho zonas de la Comunidad. Dos de estos, uno en Huesca y uno en Teruel, solo han recibido una propuesta. Se trata de dos zonas problemáticas puesto que requieren de actuaciones invernales. Entre otras firmas, destacan compañías nacionales como Acciona Infraestructuras y OHL y otras aragonesas como Construcciones Mariano López Navarro e Ideconsa. También forma una UTE Caja Rural de Aragón y de Teruel en algunos sectores. Las zonas de Zaragoza son las que más propuestas han recibido con tres y cuatro.

Adjudicación, en enero

El próximo día 6 de septiembre se abrirá la documentación técnica y las ofertas económicas, el día 30. En principio, y si no hay problemas, a comienzos de diciembre se adjudicarán provisionalmente y en enero se firmarán los contratos. Las estimaciones del Ejecutivo autonómico apuntan a que en el primer trimestre del año podría ya haber obras en las carreteras autonómicas de la Comunidad. El plazo de ejecución fijado es de 30 meses, aunque antes -en cinco meses- deberán diseñar los proyectos.

El consejero de Obras Públicas, Alfonso Vicente, se congratuló de "la excelente respuesta" empresarial a este proyecto y admitió que "había dudas de que algún sector pudiera ser suficientemente atractivo para las empresas". Calificó el proyecto de "vital" y destacó la importancia para la creación de empleo en este colectivo en el que se han destruido muchos puestos de trabajo en los últimos años. Se calcula que se crearán 13.000 empleos en los próximos tres años. Pero, además, Vicente resaltó la mejora "sustancial" de las carreteras y la seguridad vial.

En total, este ambicioso proyecto pretende actuar sobre 2.416 kilómetros de la red autonómica, que suponen el 45% del total y por donde discurre el 75% del tráfico de toda la Comunidad aragonesa. En la provincia de Zaragoza se mejorarán 946 kilómetros; en la de Huesca, 842; y en la de Teruel, 628.

Las contratistas deberán acometer obras durante un plazo máximo de dos años en las vías que se incluyen en sus respectivos sectores y que suman un total de 82. Entre otras carreteras, el proyecto llegará a las zaragozanas A-1506 (Comarca de Daroca), A-220 (Belchite), A-224 (Ribera Baja del Ebro), A-129 (Zaragoza), A-125 (Cinco Villas); a las oscenses A-178 (La Jacetania), A-1205 (Hoya de Huesca), A-131 (Bajo Cinca); y a las turolenses A-223 (Andorra), A-226 (Maestrazgo) y A-1701 (Gúdar-Javalambre).

Las contratistas deberán acometer un acondicionamiento integral (748 kilómetros); rehabilitar el firme y mejorar la seguridad vial (1.669 kilómetros); construir una serie de sistemas de ayuda a la explotación (estaciones de toma de datos, paneles con mensajería variable, estaciones meteorológicas y cámaras DOMO) y un centro de explotación en cada una de las zonas. Además de estos trabajos, durante los 38 años siguientes, las concesionarias deberán encargarse de la conservación y mantenimiento ordinario y extraordinario de cada uno de los ocho sectores. En concreto, deberán diseñar, construir, financiar, operar y mantener la infraestructura.

640 millones iniciales

La inversión de las obras de esta primera fase asciende a 640 millones de euros y se desmbolsará entre el próximo año y 2013. Entre 2012 y 2048, se repartirán en 211,8 millones para el mantenimiento extraordinario a lo largo de la concesión y 26,6 cada año en conservación y mantenimiento ordinario. Según aprobó el Consejo de Gobierno, la cuota máxima entre 2014 y 2048 que abonará el Ejecutivo autonómico será de 97 millones de euros. De esta forma, la licitación de los contratos asciende a 5.200 millones de euros.

La empresa recibirá, en cada caso, un pago periódico de la administración en función de la disponibilidad de la infraestructura (calidad del mantenimiento). La DGA mantendrá siempre la titularidad de la carrretera y su inspección.