La DGA sigue adelante pese a las dudas financieras y la oposición lo ve "irresponsable"

Al Gobierno de Aragón parece no ponérsele nada por delante para impulsar su ambicioso y millonario plan de carreteras autonómicas. Ni siquiera las dudas financieras que el propio Ejecutivo reconoce han evitado que este programa basado en un sistema de concesión a 38 años prosiga su proceso administrativo.

Las ofertas ya se han abierto y, si nada lo impide, a principios de año los ocho sectores en los que divide la red vial autonómica se adjudicarán y comenzarán las obras. El propio consejero de Obras Públicas, Alfonso Vicente, lo dejó claro ayer con una frase reveladora: "En todo caso, el proyecto va a seguir adelante". La agencia Eurostat, dependiente de la Unión Europea, todavía no se ha pronunciado sobre si este programa puede o no computar como deuda y, según fuentes europeas, no lo hará hasta abril de 2011 cuando los trabajos ya hayan comenzado.

En caso de confirmar que tres sectores -dos en Teruel y uno en Zaragoza (son los que están en duda, según la DGA)- aumentarían el capítulo de deuda en casi 2.000 millones de euros (según la licitación), el Ejecutivo tendría que decidir si sigue adelante, constriñe aún más las arcas autonómicas e hipoteca futuros gobiernos a los que dejaría sin margen de maniobra; o paraliza las obras y asume las repercusiones económicas.

Incluirlos en presupuestos

Pese a esto, el consejero reconoció que "es posible que alguno de los tramos compute como deuda, pero -señaló- eso no significa que se tenga que dejar de desarrollar ese sector". De hecho, su homólogo de Economía y Hacienda, Alberto Larraz, ya dejó entrever en una comparecencia en las Cortes que podrían asumirse en presupuestos. Para defender esta operación, Vicente también se escudó en que esta fórmula es en la que "se ha fijado el Ministerio de Fomento a la hora de desarrollar su proyecto de inversión en concesión de obra pública a nivel de todo el Estado". "Por tanto, esperamos que la respuesta que Eurostat dé al proyecto de carreteras del Gobierno de Aragón sea el mismo que tenga previsto para el Ministerio de Fomento y para la obra pública del Gobierno de España", añadió.

La oposición, sin embargo, cargó duramente contra la decisión de la DGA de seguir adelante con su plan Red. Los tres partidos coincidieron en calificar esta actitud de "irresponsable" y no dudaron en exigir que se paralice el proyecto hasta aclarar las dudas.

El portavoz del PP, Eloy Suárez, que ha sido implacable con este asunto, llegó a decir que las declaraciones de Alfonso Vicente le "incapacitan para ejercer de consejero". "Europa nos vigila con lupa por el elevado déficit y ahora la DGA quiere contribuir con una operación que el PP sospecha computa como deuda, a aumentar el déficit público", recriminó Suárez, que exigió al consejero que se aclare con la ministra Salgado, que ha impulsado un recorte de obra pública para reducir el déficit.

El portavoz popular instó a Vicente a explicar "sus prisas" por adjudicar "algo que van a tener que pagar los que vengan detrás". "En 12 años, ha sido incapaz de resolver los problemas en las carreteras y ahora que está con un pie fuera, tiene prisa", lamentó.

El portavoz de CHA, Chesús Bernal, consideró "temerario" que se siga adelante sin tener indicios de lo que va a decir Europa y sin reconocer que "hipotecará las actuaciones de los próximos gobiernos durante cuatro décadas". "Sería una mala noticia lanzar el proyecto Red y que se tenga que dar un frenazo en seco", avisó Bernal, que pidió aclaraciones sobre si los sectores en cuestión se van a iniciar a la vez que todos o se esperara a conocer la valoración de Eurostat. Fuentes de la DGA aseguraron que se iniciarán todos a la vez.

Bernal intuyó que el Gobierno podría "estar manejando información que nosotros no tenemos" y "estar jugando con una ambiguedad calculada". No obstante, defendió que este ambicioso plan "es bueno para la actual situación de crisis, para dinamizar la actividad económica y para la obra pública en estos ámbitos rurales".

El portavoz de IU, Adolfo Barrena, expresó desde el primer momento su rechazo frontal a este millonario proyecto. Por un lado, por considerar que se trata de "una privatización absoluta" de la red autonómica; por asegurar que esta fórmula de colaboración público-privada "va a costar un 50% más que hacerlo por iniciativa pública"; y, por último, por "dar un paso adelante sin tener las garantías jurídicas de que se puede desarrollar así". Por eso, Barrena hizo una llamada a "la prudencia para asegurarse de que este proyecto no lo van a pagar los ciudadanos y los próximos gobiernos, y a la seriedad y a la responsabilidad".