Los parados aragoneses tendrán que realizar trabajos sociales

La reforma laboral lleva poco más de diez días en vigor pero sus efectos ya han comenzado a notarse. Este jueves, UGT-Huesca indicaba que más de 200 trabajadores oscenses han visto ‘adaptadas’ sus condiciones de trabajo al nuevo marco legal. Pero las circunstancias de estos trabajadores aragoneses no han sido las únicas que han cambiado: en los últimos días también se ha modificado la situación de algunos desempleados aragoneses.

El Instituto Aragonés de Empleo (INAEM), amparado por el Real Decreto-ley 3/2012 del 10 de febrero, ha comenzado a citar, mediante correo postal, a varios demandantes de empleo para realizar trabajos sociales.

Esta es una medida que contempla la nueva reforma. Tal y como explicó Fátima Báñez, ministra de Empleo y Seguridad Social, que los parados que reciben prestación puedan prestar servicios a la comunidad mediante convenios con comunidades autónomas, ayuntamientos e instituciones.

Las cartas remitidas por el INAEM contienen una citación para acudir a la oficina de empleo que al parado le corresponda. En ella se dan algunas claves del trabajo que se ha de realizar: en qué consiste, cuál será su duración y con qué periodicidad habrá de llevarse a cabo.

Igualmente se incluyen las obligaciones que, como demandante de empleo, la persona ha contraído, es decir, la imposibilidad de ‘zafarse’ del referido trabajo social si se quiere seguir cobrando la prestación por desempleo.

Total legitimidad de la medida

Desde el Ministerio de Empleo han indicado que las comunidades autónomas tienen ya total legitimidad para enviar estas notificaciones porque la reforma laboral, aunque aún tiene que pasar el trámite parlamentario, está en vigor como Real Decreto desde el pasado 12 de febrero.

Según han indicado fuentes del grupo parlamentario de IU en las Cortes de Aragón, en la Comunidad Autónoma de Madrid esta práctica también se está llevando a cabo ya. Las mismas fuentes han añadido que el INAEM está enviando a los parados aragoneses cartas con sus fichas personales como demandantes de empleo actualizadas por la propia Administración.

Estas cartas recogen una relación de las cualificaciones del demandante, así como los puestos de trabajo que hasta ese momento hubiera rechazado, si se hubiera dado el caso.

Una medida controvertida

Esta norma no sentó muy bien entre algunos sectores políticos y de otra naturaleza. El coordinador federal de Izquierda Unida, Cayo Lara, dijo de ella que convierte en "voluntarios forzosos" a los parados. Adolfo Barrena, coordinador de IU en Aragón, coincidió en este análisis.

Además, desde algunos sectores, como los sindicatos, la medida ha levantado suspicacias porque consideran que puede influir en el mantenimiento de algunos puestos de trabajo.