El nuevo reglamento de evaluación que prepara la Universidad de Zaragoza ha generado rechazo en buena parte del profesorado, que lo considera "poco plural" porque solo se ha consultado con los estudiantes y "deficiente" en sus contenidos. Ante esto, el grupo de docentes Plataforma ha presentado una batería de alegaciones en las que pide la retirada del borrador y exige, entre otros asuntos, que se regule cómo hay que actuar cuando un alumno cometa un fraude.

Estos profesores consideran que deben detallarse los criterios de actuación ante casos en los que se copia en un examen, se usurpa la personalidad (se han dado casos de gemelos en los que se presenta uno por otro), o hay un uso indebido de medios, "que son muy necesarios para la seguridad jurídica tanto de evaluadores como de evaluados", dice el documento de Plataforma -que es el grupo de oposición al rector-.

Hasta ahora, el régimen disciplinario que se aplica en las universidades españolas data de 1953 y es común a todos los niveles educativos. No hay ninguna normativa que lo sustituya y los centros lo aplican como pueden. Si un alumno copia en un examen y el caso no se resuelve ni con el profesor ni en la comisión de docencia del centro, la facultad en cuestión lo remite al Rectorado que nombra a un juez instructor. Es este el que abre un expediente informativo y si lo considera necesario, otro sancionador. Los docentes se sienten a menudo poco respaldados por esta normativa que consideran "anticuada" y "un poco vaga" porque cada caso es diferente y las pruebas que hay que aportar para demostrarlos deberían variar en función de la situación denunciada.

Por eso, ante la perspectiva de cambios que abre las nuevas normas de evaluación, los docentes piden que se estudien y concreten bien los procedimientos para actuar ante estos casos. Desde Plataforma proponen que si un docente detecta que un alumno está copiando en el examen pueda expulsarlo, suspenderle la convocatoria y levantar un acta de los motivos que después elevará al centro junto con las verificaciones documentales que estime oportunas. Tras esto, se valorará si se abre un expediente.

Consideran también que el profesor debería poder suspender al alumno y denunciar el fraude si tras la realización del examen encuentra "pruebas fehacientes de prácticas fraudulentas".

Las chuletas y los plagios ocupan solo una parte de las alegaciones de Plataforma que considera que, además, la nueva normativa "colisiona con la libertad de cátedra".

En el documento que prepara el Rectorado -y que pretende poner en vigor cuanto antes- se introduce un nuevo modelo de evaluación que permitirá a los alumnos superar el último curso mediante un sistema de compensación en el que no solo cuenta la nota obtenida en la materia suspensa, sino la valoración global y conjunta del expediente del estudiante.

Se da así un paso más hacia el modelo de evaluación continua en el que el examen deja de ser el medidor principal para dar peso a los informes, trabajos, seminarios y otros ejercicios desarrollados durante el curso. "Se debe superar el tradicional examen como única prueba para la calificación. Este cambio podrá realizarse a través de procedimientos de evaluación que no se articulen en forma de pruebas", dice el borrador del nuevo reglamento.

"Excesivamente reglamentista"

Plataforma expone que no se establece un sistema claro de evaluación, no contempla el desarrollo de las enseñanzas de grado y master a lo largo del curso académico y es una propuesta una propuesta excesivamente reglamentista que adolece de mecanismos para su evolución y mejora.

"Este borrador mira al pasado, desconfía del profesorado y no deja grados de libertad para que los centros puedan aplicar su experiencia e idiosincracia", comentan. Lo adecuado, añaden, sería "un reglamento de mínimos que regulase lo esencial, pero dejase márgenes para su adecuación, interpretación y modificación por parte de los centros".