El consejero de Economía del Gobierno de Aragón, Alberto Larraz, ha dicho que no va a enviar al Parlamento, ni al PP, los veintidós contratos públicos de los ejercicios 2004 y 2005 cuya legalidad contable investiga el Tribunal de Cuentas en tanto en cuanto no finalice la revisión de estos documentos por parte del órgano fiscalizador.

Así lo ha asegurado Larraz en una tensa comparecencia ante el Pleno de las Cortes, realizada a petición del Grupo Popular, cuyo diputado Antonio Suárez ha exigido la remisión de esos veintidós contratos que el Tribunal de Cuentas ha ordenado investigar a la Fiscalía por entender que pueden existir sobre ellos «infracciones penales».

Exigencias del PP

Antonio Suárez, después de lamentar, una vez más, que no haya sido el presidente autonómico, Marcelino Iglesias, quien haya respondido a la solicitud de comparecencia, ha exigido vehementemente a Larraz que envíe al Parlamento los contratos cuestionados, que están siendo investigados por la Fiscalía, ha dicho.

Ha recordado que el Tribunal de Cuentas ha dicho que en estos contratos «los principios de legalidad, eficiencia y economía brillan por su ausencia con carácter general», y que existen sospechas de la comisión de «infracciones penales».

Larraz ha explicado que los contratos que firman las administraciones públicas son «complejos» y que sistemáticamente, en todos los ejercicios presupuestarios, el Tribunal de Cuentas encuentra «errores» en ellos, y por eso ha denunciado la «utilización partidista» que está haciendo el PP de esta circunstancia.

Revisados por el Tribunal de Cuentas

Todos estos contratos, ha añadido, están siendo revisados, analizados y examinados por el Tribunal de Cuentas, y si fueran enviados al Parlamento «existiría posibilidad de interferir» en el resultado de este análisis. «No vamos a permitir que ustedes hagan de jueces», ha espetado Larraz a la bancada popular, y por eso no va a enviar la documentación requerida hasta que concluya el estudio de los contratos.

Argumentos contradictorios, según los 'populares'

El popular Antonio Suárez, por su parte, ha insistido en diferenciar las responsabilidades penales que se han podido cometer de las políticas, sobre las que a su juicio sí que hay que debatir en el Parlamento. Ha añadido que el argumento de Larraz es contradictorio, puesto que si el propio consejero dice que de momento sólo existe una «actuación interna» de la fiscalía del Tribunal de Cuentas y aún no se ha solicitado al Gobierno de Aragón su implicación, sería posible ofrecer la información al parlamento.

Es «intolerable» que el PP quiera imputar al Ejecutivo responsabilidades penales

Para Larraz, es «intolerable» que el PP quiera imputar al Ejecutivo responsabilidades penales antes de que la propia fiscalía se pronuncie, y se ha referido a los «errores« que el Tribunal de Cuentas encontró en los ejercicios de 1996 a 1999 (bajo responsabilidad del PP) y que el Gobierno PSOE-PAR «no aireó».

Ante las referencias de Larraz a los problemas detectados en comunidades gobernadas por el PP, Suárez ha insistido en que la diferencia es que en Valencia, por ejemplo, no se mencionan actuaciones que tienen que ver con «la prevaricación, el cohecho, la malversación o la falsedad».

Tanto Nieves Ibeas (CHA) como Adolfo Barrena (IU) han coincidido en pedir más información porque, en definitiva, el Gobierno de Aragón está «bajo sospecha» y con más transparencia no se daría pie a situaciones como la vivida hoy, con la utilización "partidista", según Barrena, de esta circunstancia.