Larraz defiende el acuerdo de la deuda sin una valoración propia de los bienes

No se movió ni un ápice en su defensa del acuerdo de la deuda tributaria, pese a las constantes críticas de la oposición que iban desmontando sus argumentos. El consejero de Economía, Alberto Larraz, volvió a insistir ayer ante las Cortes (en sustitución del presidente de Aragón, Marcelino Iglesias) en que el pacto de la deuda -en el que la DGA perdona 300 millones de euros y acepta edificios y solares con inseguridades jurídicas- es "excelente porque va a permitir ganar un volumen muy importante de patrimonio y hacer más solvente a la Comunidad". "Es un acuerdo a largo plazo", reivindicó.

Insistió en que Aragón va a recibir bienes valorados en 500 millones, pero no aportó ningún informe de los servicios de la administración autonómica que estime los activos que percibirá. Más cuando el día que se acordó esta transacción, en la comisión mixta de asuntos económico-financiero, se informó desde el Gobierno de Aragón que el acuerdo se rubricaría "una vez que los respectivos servicios jurídicos y patrimoniales de la Administración General del Estado y de la Comunidad Autónoma de Aragón hayan finalizado los trámites oportunos y la valoración de los activos". De momento, solo el Estado ha cumplido este aspecto, como plasma el informe del Consejo de Estado. El propio Consejo Consultivo -aunque no la necesita- advierte en su informe de que en la documentación remitida por el Ejecutivo "no consta la valoración de los bienes y derechos que el Estado entregaría a la Comunidad" y remite a la del informe del Consejo de Estado. Además, confía en que la DGA haya aceptado el acuerdo teniendo en cuenta "apreciaciones valorativas".

El consejero aludió, no obstante, a "tres informes" distintos y externos (ayer los enseñó desde la tribuna "para provocar", como reconoció), que valorarían la Expo por un lado y los solares y edificios por otro. Todos segmentados. No existe una valoración global.

Y, a partir de ahí, Larraz trató de defender su cálculo de 500 millones enrocándose continuamente y mezclando los distintos tipos de valores que existen: el teórico contable, el de mercado, el catastral, el patrimonial y el estimativo. En el primero, englobó el cálculo del Gobierno central, pese a que en el informe del Consejo de Estado en ningún momento se hace referencia a este concepto, sino que habla de valores "estimativos". En el de mercado es en el que se sustenta todo el argumentario del Gobierno de Aragón.

"Usted (refiriéndose al portavoz del PP) habla de 300 millones y yo de 500; usted, de valor contable y yo, de valor de mercado", dijo Larraz. Y trató de llevar el debate a este terreno, asegurando que "la discusión podría seguir toda la legislatura". La oposición le acusó de "confundir a la opinión pública con este juego de valores".

La Caridad, en bienes del Estado

El debate, además, se centró fundamentalmente en las valoraciones de los edificios de la Expo y dejó de lado el resto de bienes que se transferirán (algunos con titularidad dudosa, con usufructos comprometidos y con derechos de reversión). Todos, salvo La Caridad, que anunció -pese a las dudas esgrimidas por el propio consejero en varias ocasiones- que el Gobierno de Aragón la aceptará en el acuerdo.

El consejero Larraz aseguró que este edificio, construido en suelo propiedad del Ayuntamiento de Zaragoza, aparece en el inventario de bienes del Estado. Explicó que no está en el Registro de la Propiedad porque hasta hace poco no era obligatorio inscribirlo y reconoció que en el catastro la titularidad corresponde a la Fundación La Caridad.

El consejero también insistió en su intervención en que la Comunidad ingresará dinero "cash" (en metálico). En este paquete incluyó los 31 millones de euros que aporta el Estado para liquidar su participación en Expoagua y los 22 de fondos extra para la segunda estación del AVE, que no consta, no obstante, en el decreto del Estado como finalmente tuvo que reconocer. Otras Comunidades como Andalucía han recibido dinero sin condicionar.

En su intervención, el consejero aprovechó para anunciar que el Consejo Consultivo ya se había pronunciado sobre el pacto y "no había encontrado ningún problema jurídico". No obstante, este órgano asesor deja claro en su dictamen que este se emite "con fundamentación exclusiva en razones jurídicas" y avisa de que podría extenderse a "la valoración de los aspectos de oportunidad o conveniencia" del pacto. Pero la DGA no ha querido que el Consejo se pronunciara al respecto. El dictamen, fechado el mismo lunes, también señala que en la tramitación de este acuerdo, el Gobierno central ha sido "más diligente".